La Ley pone orden en un mar de piratas

La piratería del siglo XXI, «secuestros expres» en las costas somalíes al margen, se ejerce sin galeones. Los países desarrollados se enfrentan a una creciente economía sumergida que ha encontrado en el tráfico de bienes imitados y pirateados una tierra prometida. Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), el tráfico internacional aumentó de los 200 billones de dólares de 2007 hasta los 250 billones de 2009 (un 2% del comercio total mundial). Y todo lo que no pasa por caja son ingresos perdidos: la piratería les cuesta 100 billones al año a los miembros del G20.

En ese panorama, la vulneración de la propiedad intelectual cobra un peso cada vez más relevante. Y en nuestro país más, si cabe. España no ha sido tan sólo campeona del Mundial de Fútbol en esta década: también aparecemos en ránkings en los que sería mejor no estar, como la infausta «Lista 301» elaborada por el Congreso de EE UU con los países que más piratean: en 2008 y 2009 estuvimos en ella. Según la Coalición de Creadores, un joven organismo nacido en 2008 para representar los intereses comunes de la industria de contenidos, en nuestro país se piratea el 97,8% de la música, el 77,1% de las películas, el 60,7% de los videojuegos y el 35,1% de los libros (un sector en el que el problema se ha duplicado en un año). Su traducción en cifras económicas crea alarma: en el primer semestre de este 2010 la piratería en internet, siempre de acuerdo con la Coalición, supuso 5.200 millones de euros en el mercado español, la mayor cifra de la historia. Es más de tres veces y media lo generado por la industria en el mismo periodo: 1.560 millones de euros. Los estudios de este último ejercicio aseguran que el mercado ilegal movió un 77 % más que en 2009, y señalan que, de no existir, la industria legal de contenidos tendría cuatro veces su volumen.

La primera década del nuevo siglo ha sido la de la barra libre para quienes han hecho su agosto con la creación ajena. Aunque esta tendencia venía ya de los años anteriores, la irrupción en nuestro día a día de las nuevas tecnologías y los cambios vertiginosos en los modelos de ocio y consumo han convertido la lucha entre defensores de derechos de autor y partidarios del libre acceso a los contenidos en el gran asunto de fondo del mundo de la cultura. Hay muchos millones de euros y miles de empleos en juego. En ese «salvaje Oeste» de descargas legales, ilegales y alegales –las entidades de gestión defienden la ilegalidad, los usuarios insisten en que el «peer to peer» no está contemplado como delito, y ahí anda la Justicia, sin acabar de definirse– hay quien ha empezado a ponerle puertas al campo, con el convencimiento de que las descargas pueden controlarse.

La «Ley Sinde»

La década que concluye es también –o está siendo, ya que el proceso acaba de iniciarse– la del combate legislativo. En España, la llamada «Ley Sinde» llegó la semana pasada al Congreso para su aprobación tras un largo periplo no exento de controversia. La norma sigue sin aprobarse por vericuetos del juego parlamentario: el Gobierno necesita los votos de CiU, y de momento no los tiene. La Ley irá ahora al Senado y, previsiblemente, volverá al Congreso para ser aprobada más adelante. Apodada por su impulsora, la ministra de Cultura, la norma es en realidad parte de la Ley de Economía Sostenible, y prevé el cierre de aquellas páginas web que faciliten la descarga de archivos protegidos por derechos de autor. Desde que fue anunciada en abril, se han vertido ríos de tinta al respecto. No

es la primera que regula legalmente la puesta a disposición de contenidos online. Las legislaciones de Inglaterra y Francia permiten perseguir al usuario, mientras que en España sólo se actuará contra las páginas de descargas. Posturas encontradas y protestas varias sobre la legitimidad de un Ministerio para adoptar decisiones que podrían ser potestad exclusiva de un juez acabaron finalmente, como último y pírrico cartucho, en una «huelga» de servidores: las webs de descargas amanecieron el pasado domingo 19 en negro, sin servicio, como modo de protesta. La protesta de los internautas bloqueó casi la mitad del tráfico de la red en España durante un día. La industria respondió con las mismas armas dos días después: páginas de distribuidoras de cine hicieron lo mismo. Lo cierto es que la ley, aunque con modificaciones desde su comienzo, siguió adelante.

Con la nueva ley, el Ministerio, a través de la nueva Comisión de la Propiedad Intelectual, podrá ordenar el cierre de las webs que ofrecen acceso a los contenidos que consideran ilegales. Cultura cree que unos 200 portales aglutinan hasta el 90% de este tipo de descargas en España. 

De The Pirate Bay a Pablo Soto

En el camino queda una década de tiras y aflojas judiciales, con casos notorios como el de la web The Pirate Bay, cuyos fundadores fueron llevados ante la justicia en Suecia en 2007: Peter Sunde y Linus Olsson fueron condenados el pasado mes de noviembre a penas de entre 4 y 10 meses de cárcel y al pago de una multa de unos cinco millones de euros. Otro nombre, este español, que ha dado que hablar en estos años ha sido el del desarrollador de software Pablo Soto. Su caso aún está en los tribunales. El joven madrileño, convertido en referencia de la lucha antipiratería por la industria y en icono de la libertad de descargas por los internautas, es el creador de algunos de los programas más utilizado en Europa para la descarga de archivos: 25 millones de usuarios se han «bajado» aplicaciones como Manolito, Blubster y Piolín.

Su defensa se basó en que ser el creador no le implica en las descargas,y en el proposito de sus aplicaciones, asegurando que un tercio de las descargas están sujetas a copyleft –archivos liberados de la obligación de pagar derechos de autor–, un punto clave en el juicio, ya que la acusación ha tratado de demostrar que el objeto primero de esta tecnología es la descarga ilegal de archivos protegidos por derechos de autor. A Soto la industria musical, a través de la patronal, Promusicae, le pide 13 millones de euros en concepto de «daños y competencia desleal». Aunque en la década que arranca, si finalmente se aprueba la LES, quizá no veamos ya más juicios como el de Soto.