Rechazo a la propuesta del CGPJ de un juzgado por cada cien mil habitantes

Valladolid- Pese a algún pequeño matiz, los tres grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León (PP, PSOE y Grupo Mixto, formado por IU y UPL) se pusieron ayer de acuerdo para sacar adelante una proposición no de ley por la que muestran su rechazo a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que haya un juzgado por cada cien mil habitantes. Una medida que afectaría especialmente a Castilla y León, ya que supondría la desaparición de 25 juzgados del medio rural de nuestra Comunidad.

Los grupos fijan de esta manera una posición única de Comunidad para pedir al Gobierno de España que tenga en cuenta las especiales peculiaridades demográficas y territoriales de Castilla y León en la reforma prevista de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de 1988, y de la que saldrá el nuevo mapa judicial de España. Populares y socialistas pactaron un acuerdo «de mínimos», según el PSOE, tras sendas propuestas de ambos grupos. Algo que molestó sobremanera al portavoz del Grupo Mixto, José María González, al entender que no se había contado con ellos en un «asunto importante de Comunidad», ya que según dijo iba a votar sin conocer lo acordado. Si bien, y tras las disculpas de PP y PSOE, González mostró su apoyo a esta iniciativa «para que en Madrid sepan que Castilla y León quiere las competencias de Justicia, y para que conozcan también que en esta Comunidad se está trabajando en un modelo de ordenación del territorio que busca ajustar los servicios públicos a su realidad, sobre todo, en el medio rural».

Desde el PSOE, la procuradora Ana Redondo destacó en su intervención la necesidad de trasladar un mensaje de unidad a los castellanos y leoneses en defensa de su derecho a poder acceder a una Justicia justa y equitativa, especialmente en el medio rural, así como de poder «pararle los pies» al CPGJ ante una medida que supondría la pérdida de empleos y actividad económica en el medio rural. «Los habitantes de los 25 municipios afectados por la propuesta del CGPJ tienen que estar hoy más tranquilos», dijo, tras explicar que no es de recibo que se desmantelen unas demarcaciones judiciales que funcionan bien y se sustituyan por las Oficinas Judiciales que, como se está demostrando en los lugares donde funcionan, como en León, están mostrando numerosos problemas.

En defensa del último pueblo
Desde el PP, por su parte, la procuradora Cristina Ayala destacó el la posición de Comunidad lograda para «caminar juntos en la defensa del último pueblo», así como su rechazo de plano el informe del CGPJ que, reconoció, «ha causado sorpresa e inquietud en el PP de Castilla y León». «Madrid debe saber que los criterios establecidos de cien mil habitantes o una hora de camino al juzgado no valen en Castilla y León», dijo Ayala, tras destacar el apego que la gente del medio rural tiene a estos juzgados.
 

Nadie se quedará sin acceder a la Universidad
PP y PSOE se pusieron de acuerdo para aprobar un fondo de solidaridad para facilitar el acceso a la Universidad a aquellos jóvenes que quieran pero no puedan por falta de recursos. Una medida planteada por el PP que servirá para contrarrestar la subida en un 30% de las tasas universitarias. Un incremento que oscila entre los 200 y 400 euros para un curso tipo de sesenta créditos. Por otro lado, PP, PSOE y Grupo Mixto apoyaron otra iniciativa para impulsar la modernización de regadíos en el sistema hidrológico del río Carrión, afluente del Pisuerga, que afecta a las provincias de Palencia, Valladolid y parte de Zamora.