Alberto Núñez Feijóo: «Hay que revisar la Justicia gratuita o las prestaciones sanitarias»

–¿En qué pueden las CC AA hacer más recortes de gasto para cumplir con el 1,5 por ciento de déficit?
–En la Administración Pública sigue habiendo bolsas de ineficiencia en las que se pueden reducir gastos. Hay margen para una mejor gestión de la Sanidad en la compra de suministros, en la prestación farmacéutica, mediante genéricos y con reformas logísticas. También hay todavía margen de ahorro en el gasto corriente y en el capítulo I de personal. Por ejemplo, hay que revisar la incapacidad temporal y los millones de jornadas que perdemos al año. La realidad es que hay comunidades que están cumpliendo el equilibrio presupuestario: en Galicia llevamos tres años, año tras año. Y si unas lo hacen, todas tenemos la obligación de conseguirlo.

–¿A qué se refiere con lo de revisar la «incapacidad temporal»?
–A las bajas temporales en la función pública. En Galicia hemos recuperado 2,4 millones de jornadas en el servicio de salud rebajando el absentismo en un 30 por ciento. Los ciudadanos son responsables y estoy seguro de que todavía podemos hacer más cosas en todas las comunidades en los servicios de salud, en la Justicia o en la docencia. Si una Administración Pública tiene un absentismo de un 9 por ciento y una empresa privada del 3 por ciento, es evidente que hay mucho margen.

–¿Puede concretar qué «más cosas» se pueden hacer todavía?
–Algunas comunidades hemos adoptado ya medidas en el ámbito de la función pública, como la de que salvo hospitalización o maternidad, no se cobre lo mismo si vas a trabajar o no. Y el Gobierno central también tiene que seguir este criterio porque no puede haber diferencias de condición entre los empleados públicos. Por tanto, hay que homogeneizar en todas las Administraciones las percepciones por incapacidad temporal, los días de libre disposición y hasta las vacaciones o la acción social. Y, por supuesto, hay que ver qué se puede hacer para que interinos y temporales puedan mantener el empleo con ajustes de jornada y de salario.
–¿Hace falta aumentar aún más la jornada de los funcionarios?
–No. Treinta y seis horas y media está bien. Lo que hace falta es cumplirla.

 –¿Le parece bien que todas las autonomías tengan que ajustarse al mismo objetivo de déficit aunque partan de situaciones muy distintas?
–Sí. Todas tenemos el mismo paquete competencial, salvo Ceuta y Melilla. Y con ese campo de acción hay comunidades que ya lo están cumpliendo, entre ellas Galicia, pese a que hasta ahora en Madrid había un Gobierno despreocupado con el déficit público. Si venimos de ahí, ¿cómo no vamos todas ahora a tener la obligación de cumplirlo con un Gobierno ocupado y preocupado con el déficit?

–Y que el Gobierno sea del mismo color facilita el acuerdo, ¿no?
–En tres meses, a diferencia de los ochos años anteriores, este Gobierno nos ha dado importantes instrumentos para arreglar la situación. Nos ha aplazado de cinco a diez años las deudas en las que hemos incurrido las comunidades por la falta de previsión de los PGE de 2008 y 2009; nos ha pagado ya las liquidaciones positivas de 2010, la mitad; y ha puesto a disposición de las Administraciones Públicas una línea de 35.000 millones de euros, más de 14.000 para el pago a proveedores de las CCAA. ¿Que hay que hacer más? Sin duda. Hay que seguir legislando para que puedan cumplir las CC AA que lo tienen más difícil por la herencia recibida, como es el caso de Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Cataluña. El Estado tiene competencias sobre la mayoría de los servicios públicos que gestionan las autonomías.

–¿En qué tiene que legislar?
–Hay que verlo conjuntamente. Entendemos, por ejemplo, que la actual Justicia gratuita debe ligarse a la renta. También hay que revisar qué prestaciones farmacéuticas son más equitativas para la renta de los ciudadanos; y qué dependientes tiene que seguir recibiendo obligatoriamente las ayudas de dependencia y quiénes pueden dejar de ser prioritarios para poder defender de verdad a los grandes dependientes. Hay que homologar el ratio profesor/alumno en el sistema educativo… Toda esta legislación es competencia del Estado: él señala el contenido de los servicios públicos esenciales y las comunidades lo gestionan, y contenido y gestión tienen que estar en línea.

–¿Hay que revisar los medicamentos que cubre la Seguridad Social?
–Nosotros presentamos la propuesta de que por dos medicamentos iguales no se puede pagar el más caro. En Galicia, esto ha supuesto un ahorro de 300.000 euros diarios, es decir, cien millones de ahorro en los Presupuestos de 2011. Hay que valorar si es razonable que un parado tenga que pagar el 40 por ciento de sus medicamentos y otros, con rentas superiores, no tengan que pagar nada. O si todos los medicamentos están bien financiados o pueden entrar en otro sistema.

–Por clarificar, ¿Gobierno y CC AA están revisando la política del gratis total de algunos servicios públicos?
–La crisis no se puede llevar por delante el Sistema Nacional de Salud ni la educación gratuita ni la calidad de los servicios esenciales. Sería un fracaso colectivo de la sociedad española que no pudiéramos salvaguardar las conquistas sanitarias, educativas y sociales. Quienes han hecho que las tengamos son nuestros abuelos y padres, que vivieron, por cierto, mucho peor que nosotros. Por tanto, hay que conjurarse para salvar la viabilidad de nuestro Estado del Bienestar y eso se hace pasando del diagnóstico al tratamiento y diciendo la verdad. El camino está lleno de esperanza: Rajoy tiene la nave con un rumbo fijo y éste es el Gobierno que ha impulsado más reformas estructurales en menor tiempo.

–¿«Decir la verdad» es plantearle al ciudadano que tendrá que pagar por servicios que hasta ahora eran gratuitos para garantizar la «viabilidad» del Estado del Bienestar?
–El problema no se soluciona con las ocurrencias de cada uno. Hay que hablar y hacer una propuesta conjunta para blindar los servicios públicos de la crisis.

–Pero no me ha contestado.
–Una comunidad autónoma no puede suplantar al Gobierno de su país. En tiempo de González ya hubo un debate sobre el «Informe Abril», que ya advertía de la inviabilidad del sistema sanitario. Y seguimos igual en muchas cosas. Insisto, tenemos que tomar decisiones, pero que nadie tenga dudas: lo que vamos a hacer es garantizar la viabilidad del sistema sanitario, del educativo y de los servicios públicos. Para ello estamos también disminuyendo la Administración institucional, de cada tres organismos estamos pasando a uno, y estamos estudiando otras medidas, como la de si los ayuntamientos deben coordinar sus servicios públicos para prestarlos de manera mancomunada. Procede reflexionar sobre el mapa municipal de España, que data del siglo XIX.

–¿Deben revisarse las tasas universitarias o gravar el uso de las carreteras?
–Cuando Rajoy nos convoque, cada uno dará su propuesta.

–Da la sensación de que nadie le quiere poner el cascabel al gato y que la pelea está en quién asume el mayor coste político de las decisiones impopulares que están por venir: si el Gobierno o las comunidades.
–Galicia ha cumplido sus compromisos con el equilibrio presupuestario. Volvemos a pagar facturas a 45 días de media en marzo, y en la Sanidad, a 90 días de media en abril. Hay comunidades que hemos aguantado la reducción de los ingresos, el incumplimiento de la financiación, a un Gobierno que hacía leyes sin memoria económica o que adoptaba decisiones en materia de Justicia, como la Justicia gratuita, sin poner el dinero. ¿Cómo que no hemos puesto el cascabel al gato? En Galicia acabamos de aprobar un paquete de medidas para ahorrar 80 millones de euros en el ámbito de la función pública. Tenemos el Gobierno más pequeño de nuestra historia, con ocho consellerías. Hemos reducido en un 90 por ciento los coches oficiales, en un 90 por ciento la Administración periférica y en un 50 por ciento los altos cargos, asesores y personal de Gabinete.

–¿Eso es lo que tiene que hacer Andalucía?
–En Andalucía tienen la oportunidad histórica del cambio, de tener otros políticos y otras políticas. Arenas ha acreditado que lleva preparándose toda la vida, no llega para aprender. Y es la única alternativa del cambio.

–Hasta ahora ha hablado del problema de la legislación básica. ¿Y la gestión? ¿No hay errores en la gestión autonómica?
–Sin duda que hay cosas que hemos gestionado mal. Hemos vivido en algunos casos por encima de nuestras necesidades; hemos tenido gastos innecesarios; hemos replicado infraestructuras cada cinco kilómetros, polideportivos, piscinas… Ahora bien, el principal incumplidor ha sido el anterior Gobierno, que ante la mayor crisis de la democracia ni ha sido responsable ni ha liderado la nación.

–¿Qué competencias hay que revisar? ¿Cree que alguna debe volver al Gobierno?
–En Educación, hay que replantear la legislación básica: hay que llegar a acuerdos en contenidos formativos, en la ratio de profesor/alumno, en el sistema de provisión o en la gestión de universidades. En Sanidad, debemos replantearnos el catálogo de prestaciones y si alguna comunidad se sale de él, y luego no cumple el déficit, que se atenga a las consecuencias. Y en Justicia, hay que revisar la Justicia gratuita: cuando se crea un juzgado, el Estado sólo pone un juez, y todo lo demás cae sobre la comunidad. Hay que normalizar, homogeneizar y protocolizar lo que hacemos desde el sector público.

–¿Qué le parece la convocatoria de una huelga general?
–España y los parados no se la merecen. Es un paro sindical. Los sindicatos han sido muy útiles en la democracia firmando grandes acuerdos en la transición, ahí están los Pactos de La Moncloa, o con Aznar… Pero ahora no están a la altura del reto que tenemos por delante: tienen que arrimar el hombro y no empujar al Gobierno para que se caiga.

–Por una reforma laboral «necesaria», dicen ustedes, pero que «abarata el despido», como les echa en cara la izquierda.
–Es una reforma para ayudar a las personas que no tienen trabajo. El problema no está en los que tenemos trabajo, sino en los que no lo tienen.

–¿La solución para darles trabajo es abaratar el despido de los que lo tienen?
–Ante una situación límite, el Gobierno tiene la obligación de asumir la costosa decisión de cambiar la legislación laboral para intentar dar la vuelta a la situación. Venimos de un Gobierno que no tomaba decisiones y al que le preocupaba más quedar bien que ayudar a España. Ahora hay un Gobierno que está haciendo todo lo que está en su mano para que, de los más de cinco millones de parados, algunos empiecen a encontrar un trabajo a finales de 2012, y para que esa senda de creación de empleo vaya a más en 2013 y en 2014.

–¿Qué le parece que el PSOE comparta pancarta con los sindicatos?
–Resulta que es el mismo PSOE al que los sindicatos le hicieron una huelga en la función pública por rebajar el salario un 5 por ciento a los funcionarios; y el mismo PSOE al que le hicieron una huelga general por su última reforma laboral. Es el mismo PSOE que ha causado el problema y ahora quiere presentarse como la víctima después de haber desatendido los problemas de España durante sus últimos años de Gobierno. Cuando ha perdido las elecciones se ha olvidado de lo que queda detrás. Nosotros estamos luchando contra el déficit y ellos vivieron con él; nosotros estamos luchando contra el paro porque, a diferencia de ellos, no queremos vivir en el paro.