El juez pide informes del homenaje a Riera a Policía Mossos y Guardia Civil

El mismo día que la Fiscalía pedía a la Generalitat, como adelantó LA RAZÓN, un informe sobre el homenaje a la colaboradora de ETA Laura Riera, previsto para el sábado en Barcelona, el PP y Dignidad y Justicia (DyJ) instaban ayer a la Audiencia Nacional a prohibir el polémico acto. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha dado 24 horas de plazo a la Consejería catalana de Interior para que le remita ese documento, pero el juez Pablo Ruz –instructor de la denuncia de DyJ al encontrarse de guardia– ha sido más benévolo y, tras abrir diligencias al respecto, ha concedido 48 horas a Guardia Civil, Policía y Mossos d´Esquadra para que le envíen sus respectivos informes sobre el homenaje a Riera.

La petición de prohibición impulsada por la asociación que preside Daniel Portero se ha adelantado así a la solicitud que iba a efectuar, con la contestación de la Generalitat en la mano, la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público pensaba pedir a Ruz, probablemente hoy mismo, que impidiera la celebración del homenaje a Riera, condenada a nueve años de cárcel en mayo de 2004 por ayudar al «comando Barcelona», responsable entre otros del asesinato del ex ministro socialista Ernest Lluch.

Precisamente, el magistrado –sustituto de Baltasar Garzón al frente del Juzgado de Instrucción número 5– ha solicitado también a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional una copia de la sentencia en la que se condenó a Riera. Ruz ha decidido de esta forma investigar si el homenaje puede ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo.

En su denuncia, Dignidad y Justicia mantiene que un acto de estas características «no puede enmarcarse dentro del derecho de reunión y manifestación», pues su finalidad no es otra que ensalzar a terroristas de ETA justificando o amparando los hechos cometidos por la banda criminal. Para esta asociación, la convocatoria –efectuada en el marco de las fiestas del barrio barcelonés de Gracia– queda enmarcada «en la posible comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo».

La sentencia que condenó a Riera establecía que, valiéndose de los datos de la DGT a los que tenía acceso como funcionaria del Ayuntamiento de Tarrasa, facilitó matrículas de posibles objetivos a ETA, entre ellas las del edil del PP en Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, asesinado en 2000.