Sevilla

El PSOE pide que la Cámara de Cuentas sólo fiscalice ayuntamientos del PP

Reaccionan a la petición de los populares para que se analicen los fondos destinados a las políticas de formación.

La portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, ayer, en la sede de la Cámara andaluza
La portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, ayer, en la sede de la Cámara andaluzalarazon

El PSOE-A ha reaccionado a la petición del PP de que la Cámara de Cuentas fiscalice las ayudas públicas a la formación para el empleo de una manera muy particular: que el mismo órgano fiscalice a los ayuntamientos de Granada, Málaga, Huelva, Cádiz, Almería y Marbella, todos gobernados por el PP.

No se trata de una medida en favor de la transparencia –que incluiría a todas las capitales de provincia–, sino una forma de contrarrestar el efecto producido por la dimisión del vicesecretario general de los socialistas andaluces, Rafael Velasco.

El Grupo Socialista formalizó la solicitud el pasado viernes. La respuesta del PP la ofreció ayer la portavoz del Grupo, Esperanza Oña: quieren que ese trabajo se amplíe e incluya también los municipios de Jaén, Sevilla, Córdoba –donde gobierna IU en coalición con el PSOE–, Dos Hermanas, Jerez de la Frontera y las ocho diputaciones provinciales.
Oña calificó la actitud del PSOE como «inmadura», «infantil» y «sectaria».

En cualquier caso, la solicitud del PSOE y la posterior respuesta del PP no tendrá grandes efectos prácticos. La Cámara de Cuentas ya realiza esa labor según las funciones que le atribuye la Ley 1/1988 pero a un ritmo distinto al que se mueven los partidos.

De hecho, en su plan de actuaciones para 2009 incluyó la elaboración de un informe sobre las cuentas de las diputaciones y de los ayuntamientos con población de derecho superior a 50.000 habitantes de Andalucía, referido al ejercicio 2007. Un mínimo de dos años de retraso.

Además, la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento acordó resoluciones sobre los informes de fiscalización de la rendición de cuentas de diputaciones y ayuntamientos de municipios con población superior a los 50.000 habitantes, correspondientes a los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Pero no sólo esta solicitud del PSOE que se debatirá en la Comisión de Hacienda se verá muy retrasada. Los resultados de la Cámara de Cuentas sobre la fiscalización de las ayudas otorgadas por la Junta para la formación profesional para el empleo tardarán «entre dos y cinco años», pronosticó Oña.

La portavoz del PP exigió que si el Gobierno andaluz apuesta por la «transparencia» entregue de inmediato el expediente completo de ayudas recibidas por la empresa Aulacen Cinco, propiedad de la esposa de Velasco.

En el próximo Pleno se debatirá una Proposición no de Ley del PP para que se fiscalicen las ayudas destinadas a los cursos de formación. El PP no sólo apunta al «caso Velasco», sino que recuerda las subvenciones destinadas «a la empresa del alcalde de Punta Umbría», las recibidas «por el esposo de la alcaldesa de Martos» o el «caso Mercasevilla», donde hay un intento de cobro de comisiones a cambio de una subvención millonaria para cursos.

 
 
Jiménez: «El PP no encaja en la democracia»
- El PSOE redobló ayer su estrategia del «miedo» ante una hipotética victoria electoral del PP. El portavoz parlamentario de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, aseguró ayer que los populares pretenden una «voladura controlada del Estado del Bienestar».
- El PSOE llevará al Pleno de la semana que viene una PNL de «impulso y defensa del modelo económico y social» ante las «privatizaciones salvajes de los servicios públicos esenciales» que pretenden los populares.
- Jiménez aseguró que el PP «no encaja en la democracia española» y acusó a Arenas de «impulsar una estrategia ultraconservadora y ultraliberal».
- Por otro lado, el PSOE vetó en el Congreso de los Diputados la enmienda del PP a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que se pedía que la Junta de Andalucía pudiera pagar en solares la deuda que mantiene con el Estado por los anticipos en materia de financiación autonómica. El PP defendía que era un sistema válido, ya que así saldó el Gobierno de la Nación la deuda histórica.