Objetivo para la Justicia gratuita: bajar los 32 millones de 2011

MADRID- En los últimos nueve años, desde el traspaso de la Justicia a las comunidades, el coste de la Asistencia Jurídica Gratuita ha aumentado en más de un 350 por ciento. La cifra ha encendido todas las alarmas en el departamento de contabilidad de la Comunidad de Madrid. La crisis no deja de recortar ingresos al Gobierno regional que dirige Esperanza Aguirre, de hecho, acaba de conocerse que contará con 1.000 millones menos de lo que esperaba recaudar en 2011.

En este contexto, la presidenta de la Comunidad pidió hace meses a la consejera de Justicia e Interior, Regina Plañiol, que elaborara un Informe sobre el Estado de la Justicia que, según ha podido saber LA RAZÓN, se presentará el mes que viene y en el cual se revelarán las cifras de esta área transferida en 2003 y algunas de las medidas que la Comunidad tiene previsto poner en marcha para mejorar su funcionamiento y reducir sus costes.

Coordinado con el ministerio
El Informe sobre el Estado de la Justicia –cuya presentación se ha retrasado hasta en dos ocasiones para añadir más medidas– será además presentado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el que, desde la Comunidad, se espera poder coordinar las nuevas medidas que tiene previsto aplicar Esperanza Aguirre en la materia, algunas de las cuales ya están en prueba. Es el caso de la aplicación informática con la que se controlará el cobro de expedientes con derecho a Justicia Gratuita y que ayer adelantó este periódico. El objetivo de este programa informático es, según fuentes de la Consejería de Justicia, evitar posibles abusos por parte de quienes tienen la suficiente capacidad económica como para poder pagar los servicios de un abogado y, por tanto, no tendrían derecho al servicio gratuito, tal y como marca el decreto que regula la asistencia jurídica gratis.

De hecho, el pasado año se gastó en este servicio un total de 32.356.391 euros. En total, el pasado año se recibieron en la Comunidad de Madrid, 103.279 solicitudes de atención para Justicia gratuita, de las cuales 64.321 (el 62,28 por ciento del total) pertenecieron al ámbito penal, 23.243 (22,50 por ciento) al civil, 7.017 (6,80 por ciento) al social y 8.698 (8,42 por ciento) al ámbito de lo contencioso administrativo.