La Fiscalía alude al «caso Marta del Castillo» para justificar las escuchas de Garzón

En la tercera sesión del juicio que se sigue contra el juez suspendido de la Audiencia Nacional por un delito continuado de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales, la fiscal Pilar Fernández Valcarce ha evocado estos casos en los que también se grabaron comunicaciones a letrados.

Ha recuperado así el argumento que alegó la defensa de Garzón, cuando en un escrito de apelación, presentado el pasado marzo ante el magistrado instructor Alberto Jorge, recordó las intervenciones acordadas en el llamado 'caso Marta del Castillo' respecto a las comunicaciones de presuntos partícipes con sus abogados llevadas a cabo en locutorios de la prisión con la finalidad de "conocer el paradero del cadáver de la víctima".

Durante la exposición de su informe final, le ha precedido en el turno de la palabra su compañero del Ministerio Público Antolín Herrero, que ha negado que suponga "una disfunción"el hecho de que un juez Central de Instrucción pida a la fiscal que "le eche una mano"en el expurgo de las conversaciones interceptadas.

El representante del Ministerio Público ha lamentado que los abogados de la acusación -que solicitan penas de entre 10 y 17 años de inhabilitación para el juez-- tengan "tantas dudas"en el Estado de Derecho y dejen una sombra de "sospecha"sobre todas las instituciones que han intervenido durante la grabación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados.

De este modo, el fiscal ha advertido de la "especie de sospecha generalizada que no deja títere con cabeza"que pretenden sembrar las acusaciones sobre "cualquier"institución que haya aparecido en el curso de este procedimiento, como es la Fiscalía, Instituciones Penitenciarias, la Policía e incluso el Colegio de Abogados.

Según ha dicho, las acusaciones dan por sentado que el "simple hecho de la intervención"lesiona sus derechos fundamentales y, en este ámbito, "estamos en un terreno límite"entre el derecho de defensa y la proporcionalidad de la medida.

Sin embargo, ha defendido que el juez instructor no vulneró ningún derecho y "mucho menos con ánimo doloso"cuando dictó en febrero y marzo de 2009 las dos resoluciones por las que acordó intervenir y prorrogar las conversaciones.

En todo caso, los fiscales han puesto de relieve la jurisprudencia que alerta sobre la gravedad que suponía el posible delito de blanqueo de capitales que se trataba de evitar con la grabación de las comunicaciones.

"Los autores ya tenían todo el dinero", ha indicado, para añadir que los miembros de la Gürtel trataban de "poner a buen recaudo"y "fuera del alcance judicial"sus capitales. "Hay una preocupación generalizada y casi unánime en la sociedad"sobre estos delitos, ha añadido el fiscal Herrero.

Tras ello, la Sala de lo Penal ha interrumpido la sesión para comer y reanudará el juicio a las 16.15 horas con el informe final de la defensa, ejercida por el abogado Francisco Baena, y la última palabra del juez Baltasar Garzón.

El magistrado, conocido universalmente por su lucha contra ETA, el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad, tendrá que volver al banquillo a partir del próximo 24 de enero por un presunto delito de prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias.

Además, está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por los pagos que recibió supuestamente del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.