Caso Campeón

La Fiscalía «justifica» las filtraciones de sus propios informes en el caso

La Razón
La RazónLa Razón

MADRID- La Inspección de la Fiscalía General del Estado, cuyo responsable es Alfonso Aya, ha archivado las diligencias abiertas por la denuncia presentada en el Consejo General del Poder Judicial por la jueza de Lugo Estela San José, quien instruía el «caso Campeón», por la filtración de dos informes del Ministerio Fiscal en ese procedimiento. Con anterioridad, la magistrada remitió un escrito al TSJ de Galicia en el que señalaba que «no puede permitirse que se produzca por parte del Ministerio Público una filtración del calibre que nos ocupa». La comisión permanente del CGPJ remitió esa denuncia a la Fiscalía General al entender que el órgano de los jueces carecía de competencia para decidir sobre tales actuaciones. En el decreto del fiscal inspector, a cuyo contenido ha tenido acceso LA RAZÓN, analiza la normativa aplicable al secreto sumarial, así como a una Instrucción de la propia Fiscalía de 2005, en la que se señala que durante la instrucción de una causa «no está vedada la transmisión de información sobre los hechos por los que se sigue el procedimiento y sobre las decisiones adoptadas, sino solamente la de datos que, por afectar a la investigación, pueden considerarse «sensibles» o que puedan afectar de forma desproporcionada al honor de las personas».

De esta forma, la conclusión a la que llega la Inspección es que lo publicado en algunos medios sobre esos informes no pueden considerarse filtraciones y que, en todo caso, el Ministerio Fiscal cumplió con su «función de informar a la sociedad», tal como establece el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En concreto, no se observa ningún tipo de responsabilidad disciplinaria, por lo que archiva las diligencias. Y ello porque «la información aludida por su carácter escueto y objetivo ni incide en la investigación a practicar ni crea o alienta «juicios paralelos» que, en muchas ocasiones, sólo pueden ser desmontados por medio de informaciones oficiales y fidedignas que, sin incidir en el contenido de la investigación sí dan una visión veraz de la situación veraz de la situación en que se encuentran los procedimientos».

Por este motivo, concluye el decreto de la Inspección, hay que tener en cuenta «la obligación estatutaria del Ministerio Fiscal, y máxime del fiscal que asume la función de fiscal jefe de informar a la sociedad». Blanco declarará hoy como imputado en el Supremo ante el instructor de la causa, José Ramón Soriano.