Australia condena a Standard and Poors

Los 13 ayuntamientos, todos ellos del estado de Nueva Gales del Sur, han demandado a S&P, al banco de inversión ABN AMRO y al Servicio Financiero de los Gobiernos Locales (LGFS) argumentando que les engañaron para comprar Obligaciones de Proporción Constante (CDPO), lo que les llevó a perder 30 millones de dólares (23,40 millones de euros). 

La magistrada de la FCJ Jayne Jagot ha calificado de "engañosa"y "falaz"la información sobre las CDPO, en la que se aseguraba que solamente existía un uno por ciento de probabilidades de impago, a pesar de que en los primeros seis meses de crisis la cifra alcanzó el 90 por ciento, lo que equivale a pérdidas de 16 millones de dólares (12,47 millones de euros).

Así, Jagot ha condenado a S&P al considerar que engañó a los inversores --en este caso a los 13 demandantes-- al calificar las CDPO con una triple 'A', cuando en realidad se trata de un producto financiero altamente complejo.

Jagot también ha condenado a ABN AMRO, emisor de los CDPO, por "forzar la calificación crediticia", y a los LGSF por incumplir su obligación legal de investigar los productos financieros ofrecidos a los gobiernos locales.

La magistrada del alto tribunal ha determinado que cada uno de los demandados deberá pagar un tercio del total de las pérdidas ocasionadas, más los intereses devengados, según informa la emisora australiana ABC.

No obstante, los tres demandantes han anunciado que recurrirán el fallo judicial. "Rechazamos cualquier sugerencia de que nuestras opiniones fueran inadecuadas, así que recurriremos la sentencia de los tribunales australianos sobre las CPDO", ha dicho, en concreto, S&P en un comunicado SENTENCIA HISTORICA

El fallo de Jagot supone un punto de inflexión en el panorama judicial que podría acarrear importantes consecuencias para las agencias de calificación crediticia, sobre todo en Europa, donde han hecho perder miles de millones de euros a los inversores al adjudicar notas erróneas a los productos financieros.

"Se trata de un duro golpe para las agencias de calificación crediticia, que nunca más podrán esconderse detrás de excusas para eludir su responsabilidad", ha dicho Amanda Banton, abogada del bufete Piper Alderman, que representan a 12 de los 13 demandantes.

En la misma línea se ha expresado el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) John Walker. "Ahora nos espera un largo recorrido, porque (esta sentencia judicial) no solo asiste a los 13 ayuntamientos de Nueva Gales del Sur, sino a todo el mundo, ya que puede ser invocada (en otros tribunales)", ha explicado.

Walker ha considerado que el fallo de la FCJ es una consecuencia lógica de la actuación de las agencias de calificación crediticia, "que se han convertido en la causa material de la crisis financiera global por buscar solamente su propio interés".

"No digo esto a la ligera. Muchos de estos derivados sintéticos han creado enormes riesgos financieros fuera de los mercados regulados y, por tanto, han escapado al control de los entes reguladores", ha explicado a 'The World Today'.

Por todo ello, ha revelado que el FMI estudia la posibilidad de financiar litigios similares en Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos y Reino Unido. En concreto ha apuntado a S&P, "de cuyo negocio depende todo el mundo en los mercados financieros".

El único precedente de este fallo judicial es el dictado el pasado mes de septiembre contra el extinto banco de inversión Lehman Brothers, que fue declarado culpable por vender activos tóxicos a ayuntamientos, grupos religiosos y ONG, que originaron unas pérdidas de 250 millones de dólares (195 millones de euros).