Ana Rosa declarará ante el juez

Según fuentes jurídicas, Quintana está tratando de modificar la hora de su declaración, al coincidir ésta con la emisión de su programa.

La magistrada, que hace pocos días abrió diligencias de investigación para esclarecer la actuación de los responsables de Telecinco y Cuarzo en la polémica entrevista, cómo se produjo el traslado de García de Sevilla a Madrid y cómo fue su posterior conducción a dependencias policiales, tratará de averiguar si la mujer de Del Valle estuvo sometida a algún tipo de presión económica o psicológica.

«Desde el primer momento nos hemos ofrecido a colaborar con la justicia. Llevamos a Isabel García a declarar ante la comisaría y por eso se abrieron diligencias. Ahora, como parte del procedimiento, nos citan, e iremos», afirmaron fuentes de la productora –con las que este diario no logró contactar– a Servimedia.

Por su parte, fuentes de Telecinco afirmaron a LA RAZÓN que desde un primer momento, «dijimos que tanto Ana Rosa Quintana como su productora cuentan con todo nuestro respaldo». Desde la cadena de Fuencarral añaden: «hablamos de un equipo que, tras un arduo trabajo, ha conseguido una exclusiva que en cualquier otra ocasión hubiera sido celebrada ampliamente en el sector periodístico, y estamos seguros de que darán a la Justicia toda la contribución que le resulte necesaria». Las mismas fuentes aseguraron a este periódico que Telecinco no ha recibido citación judicial alguna respecto al caso.

El pasado 25 de febrero, García aclaraba la autoría del crimen de Mariluz con una frase: «Mi marido se la cargó». En un vídeo posterior, se veía a una Isabel García entre lágrimas, repitiendo insistentemente: «No me grabes más». Posteriormente, el colaborador del programa, Nacho Abad, acompañó a la mujer a la comisaría de Canillas, en Madrid.

Fue la propia jueza Cillán la que ordenó entonces su ingreso en prisión por los presuntos delitos de omisión del deber de impedir delitos y falso testimonio. No obstante, el pasado día 3, el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva asumió la investigación y dejó a Isabel en libertad provisional.

La entrevista recibió numerosas críticas, especialmente de quienes cuestionan las facultades mentales de García. José María Guerra, presidente de la Asociación de Telespectadores de Cataluña (TAC), aseguró a LA RAZÓN que el decrecho a la libertad de expresión permite a cualquiera hablar sobre cualquier cosa, incluso sobre temas que están en los tribunales, aunque con unos límites. «El problema es cómo se consigue que una persona hable.

Siempre que haya coacción o manipulación, ya sea a través de dinero o aprovechándose de alguna deficiencia, el hecho debería ser constitutivo de un delito, y la Justicia, la Policía o la Fiscalía deberían actuar, suspendiendo los programas y sancionando a sus responsables», explicó.