La ratio de alumnos por aula no se moverá en los centros públicos

La Junta recurrirá al Constitucional el alza de horas lectivas al profesorado

La Razón
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Sevilla- El Gobierno andaluz restó ayer un arma a la oposición: finalmente no se aumentará el número de alumnos en las aulas de los colegios e institutos públicos de la región. Las actuales ratios de grupo/alumno, vinculadas a un tope de 25 niños en los colegios, 30 en ESO y 35 jóvenes en Bachillerato, no se tocarán. Así lo aseguró ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, quien anunció, además, que el Ejecutivo autonómico elevará al Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del sector público en el ámbito educativo, donde se establece el alza de la jornada lectiva del profesorado. La recurrirá, pero el incremento de 35 a 37,5 horas semanales para el profesorado está previsto en el reajuste financiero de la Junta, al ser de «obligado cumplimiento», según señaló la titular de Hacienda.
Respecto a la ratio, cabe recordar que en el acuerdo programático que el PSOE-A e IULV-CA firmaron el 18 de abril, antes de formalizar su coalición de gobierno, las dos formaciones se comprometieron a defender las que se mantienen en la actualidad ante «las amenazas de aumento del Gobierno de la Nación». Con todo, la consejera actual del ramo, Mar Moreno, rehusó asegurar que no habría modificaciones hasta concretar el ajuste presupuestario que se hizo público ayer y que despejó las dudas.
Martínez Aguayo englobó la decisión en la firme intención del equipo del presidente andaluz, José Antonio Griñán, de «preservar el sistema educativo», a lo que había instado también el líder del PP-A, Javier Arenas, al ser opcional para las comunidades el aumento de la ratio. Lo que tampoco se contempla, al menos por el momento, es la subida de las tasas universitarias.
Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y Ustea valoraron ayer positivamente tanto el mantenimiento de los alumnos por aula como el recurso al Constitucional. Consideran que ambas medidas del Gobierno central «vulneran competencias de las comunidades e inciden en la calidad de la educación» de modo negativo. ANPE, sin embargo, no dudó en mostrar su «rechazo». No está dispuesta a asumir que «la única solución» para solventar las dificultades financieras sea «recortar un servicio básico como es la educación y actuar en contra de sus funcionarios».

El «copago», también al TC
El Real Decreto educativo no es el único que el Ejecutivo autonómico remitirá al TC, tribunal que tendrá que dirimir algunos de los conflictos que se prevé enfrenten a los gobiernos central y regional en la presente legislatura. De hecho, Martínez Aguayo confirmó ayer en San Telmo que la Junta también tiene intención de recurrir el decreto del equipo de Mariano Rajoy que establece el denominado «copago» en el ámbito sanitario, al entender que invade «competencias autonómicas» y que recoge cuestiones que podrían ser inconstitucionales.
A su escrutinio exacto se dedican los servicios jurídicos de la Junta que trabajan en ambos textos, sobre los que tendrá que pronunciarse el Constitucional.