Injusticia en el País Vasco

La Audiencia de Guipúzcoa ha condenado a cuatro guardias civiles por «malos tratos», producidos en la detención de los asesinos etarras Portu y Sarasola (T-4 de Barajas, hoy condenados a más de 1.000 años). Ha absuelto a otros 11 guardias civiles que intervinieron. Han sido castigados por un delito «inventado» según un documento incautado al propio Jefe de ETA «Txeroki». Decía textualmente: «Las torturas falsas sufridas por Igor en manos del enemigo están en buen camino (...) ésta es la estrategia que hay que seguir ante las caídas, siempre…». La clave de esta condena (como muchas anteriores del País Vasco) está, simplemente, en la «valoración» de los testimonios de los guardias civiles y de los etarras. Al final es la Fiscalía y Magistrados, personas físicas rodeadas de «sus especiales circunstancias» antes de decidir, los que inclinan la balanza de la credibilidad de unos u otros. Lo hacen, y lo han hecho durante treinta años. Llamo malvivir a la situación de jueces y fiscales íntegros que he conocido en el País Vasco. Temerosos permanentes, interinos sistemáticos, buscadores de antigüedad para recolocarse en el resto de España. Y con razón, porque ser juez o fiscal íntegro, en el sentido de no temer por actuar valientemente contra el entorno etarra, significa tener enfrente, con todas sus consecuencias, al monstruo nacionalista. Sin embargo he conocido y padecido a los que bienviven. Son otra tipología de jueces y fiscales que vivían tranquilos porque «la presión terrorista» no les afectaba basándose en que eran de «allí» o estaban «integrados». He vivido personalmente la vergüenza de comprobar cómo un juez «integrado» presionaba a un detenido etarra para que denunciara «torturas» y la suerte de que, en ese punto concreto, el etarra fuera más digno que el juez y no aceptara mentir. Cuando vives estas cosas, entiendes claramente de qué depende tu vida profesional. Y también entiendes por qué mueren más policías y guardias civiles que otras clases de funcionarios. Querer aparentar, todavía, que en el País Vasco la «Justicia penal» es justa o ajena a presiones cuando el encausado es un guardia civil, si el que acusa es un etarra, es no querer saber de qué va, todavía, la vida real allí. El complejo etarra ha sido y es un auténtico maestro en la acusación prefabricada contra agentes policiales. ETA y su entorno nacionalista, en sus años de gloria asesina (1978 a 1983) lograron las más altas cotas en el chollo acusador contra policías y guardias civiles. Fueron años horribles de pasotismo social, judicial, mediático y político tanto para las víctimas de ETA como para las fuerzas policiales estatales.

La consigna de ETA es ampliamente conocida por los tribunales de Justicia, aunque ignorada frecuentemente: destrozar a los grupos antiterroristas con denuncias constantes por torturas, sometiendo a los agentes a comparecencias continuas que anulen su trabajo. De paso, obtienen la «Pedrea» en el sorteo de condenas a agentes policiales, pues casi siempre «tocaba» tal lotería judicial, gracias a algunos magistrados comprensivos con la causa nacionalista vasca, eficazmente tutelada por su vanguardia terrorista. En esencia, a muchos agentes policiales a los que no se eliminaba por la vía del asesinato, se les fulminaba por la vía de la inhabilitación profesional. ¡Como ahora!…

La causa es sencilla y esperpéntica: persiste todavía la enorme incongruencia legal de que las acciones etarras del País Vasco las instruyen y enjuician imperativamente jueces y fiscales de la Audiencia Nacional en Madrid. Sin embargo, las acciones cometidas sobre esos etarras (lesiones u otra imputación verdadera o falsa), por agentes policiales durante «su» actuación son instruidas y enjuiciadas por jueces residentes en el País Vasco. ¿Por qué no pueden, todavía, ser juzgados esos agentes policiales también en Madrid? ¿Es que la especialización e imparcialidad que se presume a la Audiencia Nacional –razón de ser de su creación– no es buena también para los agentes? Es notorio que ETA sólo «perdona» cuando se la favorece, aunque sea con pequeños detalles. Esta situación legal bipolar, con tribunales distintos para acciones de los etarras (Audiencia Nacional, Madrid) o acciones contra los etarras (audiencias provinciales, País Vasco), constituye una deuda histórica pendiente del Parlamento español con los policías y guardias civiles que más arriesgan. Y de la que nadie habla. Es arbitrario e incongruente que los etarras bajen a confesarse a Madrid y los agentes policiales deban subir a recibir la extremaunción judicial a Vizcaya o Guipúzcoa. No se puede tolerar que los diputados persistan en su abandono a policías y guardias civiles. El PSOE y el PP tienen la obligación legal y moral de solucionar este histórico atropello, enmarcando en la Audiencia Nacional de Madrid cualquier acción judicial contra agentes antiterroristas. Proteger jurídicamente a sus agentes antiterroristas es gratis y sumamente rentable para los ciudadanos. Sólo bramarán los de siempre. Mientras tanto, a los 4 guardias civiles del GAR condenados por un tribunal bajo presión, de cuya unidad tuve el honor de ser uno de sus fundadores, quiero decirles que el día de Reyes de 2008 ofrecieron el mejor regalo posible a los españoles: eliminar a dos asesinos de ETA. Su honradez, profesionalidad, valor e integridad siguen intactas. La injusticia con la que se intenta pagar su enorme sacrificio no es definitiva. Confiamos en el Tribunal Supremo y, sobre todo, en la urgente obligación del Parlamento para suprimir de inmediato la antigualla de ser juzgado en una zona dominada todavía por el terror. ¡No os abandonaremos…, cueste lo que cueste…!