El Gobierno recorta derechos sociales mientras «carga» a las autonomías

Por este motivo, el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, exigió al Ejecutivo socialista un presupuesto extraordinario, si no la Junta no pagará la nueva ayuda de 350 euros a los parados de larga duración.

Esta nueva prestación, que está vinculada a la formación que sustituirá a los 426 euros que reciben los desempleados que han agotado sus ayudas, será aprobada, con toda probabilidad, por el Gobierno en el Consejo de Ministros del próximo viernes.

Transparencia y claridad
Tomás Villanueva explicó que «las Cortes de Castilla y León ya han aprobado los presupuestos para el presente año que están ajustados para que el déficit no supere el 1,3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), objetivo que para la Junta es prioritario porque es lo que necesita este país: transparencia y claridad ante los mercados internacionales».

Asimismo, lamentó que, en el seno de la reunión de la sectorial de Empleo y Asuntos Sociales, celebrada en Madrid, en la que el Gobierno informó a las autonomías sobre los cambios que sufrirán las políticas activas de empleo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, haya sido incapaz de concretar la partida existente para su aplicación ni cómo se va a gestionar. En este sentido, el representante de la Administración central informó de que los fondos del plan de choque no requerirán fondos adicionales sino que saldrán de «ahorros de las políticas de estímulo al empleo, reorientación de otros programas de políticas activas y de adelantos del Fondo Social».

Sin embargo, Tomás Villanueva indicó que la nueva estrategia se ha gestado desde la «improvisación», «llega tarde» y es «insuficiente» y, por si fuera poco, está generando «falsas expectativas» entre un colectivo que lo está pasando muy mal como son los parados de larga duración. Por este motivo, el vicepresidente económico explicó que Castilla y León tiene ya un programa «consensuado» con los agentes sociales y económicos «al que dará cumplimiento», informa Ical.

Al respecto, declaró que «los hemos pactado para cumplirlo, pero lo que no podemos hacer es que, como consecuencia de acuerdos sobrevenidos de otras administraciones públicas y que contradicen el objetivo de control de déficit que propugna el Gobierno, no podamos cumplir con este compromiso».

Políticas de Empleo
Pero el desencuentro de Castilla y León con el Gobierno en la sectorial de Empleo y Asuntos Sociales no sólo se limitó a la reducción de la ayuda a los desempleados de larga duración, sino que también se extiende al documento marco que define las reformas de las políticas activas de empleo.

«Estamos a punto de perder la oportunidad de hacer una reforma integral de los servicios públicos de empleo y de las políticas activas», subrayó Villanueva, que entiende que las nuevas medidas no tienen la «flexibilidad suficiente» para que puedan adaptarse a las necesidades y circunstancias de cada comunidad autónoma. «La reforma deja fuera la formación, que es una de las políticas activas más eficaz, y se preocupa más de las cuestiones coyunturales que de las estructurales», subrayó el vicepresidente económico, quien consideró que las «prisas» han llevado al Gobierno a presentar el documento sin una memoria económica-financiera que contemple cómo se van a financiar los programas.

También, afirmó que el documento de bases de la reforma parte del error de pensar que lo peor de la crisis ha pasado. «No es verdad que el ciclo económico haya empezado a cambiar para desgracia de todos. Por eso, las medidas que hay que adoptar deben dar solución a la situación agobiante del desempleo en nuestro país», destacó.