CC OO y UGT siguen apoyando en solitario el polémico «decretazo»

El representante de CC OO, Rafael Aljama, exigió que la convergencia de las condiciones de trabajo del personal de las agencias esté concluida antes del 1 de enero de 2013. Si este extremo no llega a producirse, sugirió que se establezcan para todo el personal las condiciones «más beneficiosas que se estén aplicando entre los diferentes grupos».

Por su parte, el portavoz de UGT, Dionisio Valverde, defendió que su sindicato y CC OO «fueron los primeros en rechazar el decreto y, a rebufo de nuestra respuesta, comenzaron a apuntarse otros sindicatos, partidos y plataformas contra la reordenación». Igualmente, cargó contra las plataformas que se oponen al texto, puesto que «se han estado vertiendo mentiras y medias verdades».

Mucho más críticos se mostraron los sindicatos independientes, que volvieron a pedir la derogación de un decreto «inconstitucional». La representante de CSIF, Alicia Martos, aseguró que su sindicato reclama «más puestos, más profesionalización, más garantías y menos entes instrumentales», por lo que el texto tendría que redactarse de nuevo «desde cero». «Andalucía parece un banco de pruebas a nivel nacional», lamentó, no sin antes denunciar que en el sector público andaluz «ha habido un entramado durante muchos años y ahora se pretende reordenar mal y con una urgencia que no entendemos». Por tanto, consideró que la reforma es «lesiva y sobrepasa los límites constitucionales y legales», consolidándose una «Administración paralela gestada hace 25 años».

El representante de Safja, José Manuel Mateo, recordó los diversos recursos judiciales que ha planteado su organización y señaló que el decreto «es un coladero para consolidar al personal de las agencias y empresas públicas». Como principal propuesta, sugirió la creación de agencias administrativas que «estén atendidas por personal funcionario» para «ganar eficacia». De su lado, la portavoz de Ustea, Rocío Luna, puso como ejemplo la reestructuración llevada a cabo en Extremadura y Navarra y pidió que se suprima la integración de los empleados de la Administración general en las agencias y que se trate exclusivamente de una reordenación del sector público empresarial, «siguiendo el modelo de Castilla-La Mancha».

La CEA se mostró especialmente beligerante contra un texto que «no debería haber adoptado la forma de decreto», puesto que éste «debería ser un recurso excepcional y no una norma general». A juicio de su portavoz, Antonio Moya, «tanto recurrir al decreto ley supone un elemento que distorsiona y quiebra una práctica muy consolidada y extendida en Andalucía como era el proyecto de ley».

Si el Gobierno andaluz proclama constantemente la búsqueda del consenso en este asunto, al portavoz del PSOE en el Parlamento, Mario Jiménez, se le olvidó ayer por completo, tachando de «fascista» la advertencia de los sindicatos independientes de «reventar» la campaña socialista a las municipales. «Se ha pedido diálogo y hay diálogo, el que no quiera, será su responsabilidad», concretó.