Sevilla
Cospedal: «El PP ofrece un proyecto de reconciliación por encima de ideologías»
«Rubalcaba es cómplice de todas las políticas de Zapatero; ahora no puede pretender estar limpio de toda culpa»
SEVILLA- De la Convención de Sevilla sale un «partido abierto a todos», han dicho. ¿Qué ofrece el PP a un votante del PSOE?
–Un proyecto que está por encima, incluso, de cualquier ideología política, porque se basa en un discurso de reconciliación nacional, en lo político, en lo social y en lo económico, y que requiere del apoyo de una gran mayoría de españoles para conseguir el cambio que necesita este país.
–¿La gravedad de la crisis obliga a aparcar a un lado la ideología?
–Cuando un país está ante una encrucijada, no tengo ninguna duda de que los ciudadanos sitúan el futuro de su país y el de sus familias por encima de cualquier ideología. El PP hace un llamamiento a todos los que están preocupados por la situación y crean que es el momento de hablar de las cosas importantes y resolver los problemas más acuciantes, y eso no requiere haber sido siempre un votante del PP.
–¿El PP se atreve a asumir el compromiso de que mantendrá y mejorará las políticas sociales y de que no hará nuevos recortes si gobierna en España?
–Por nuestra experiencia de gobierno sabemos que es posible hacer reformas, aplicar una política de austeridad y mantener la protección social. Ya lo hicimos en su día cuando gobernamos, y volveremos a hacerlo. El Estado tiene la obligación de velar por quienes menos tienen, y ese principio lo aplicamos en el 96 y sigue siendo un eje de nuestra acción política.
–Pero el escenario actual es distinto del que había en el 96, ¿no?
–Sí, yo creo que es peor. Pero también es verdad que entonces la tasa de paro superaba el 23 por ciento y que el reto de la entrada en el euro nos obligó a hacer unos ajustes drásticos sobre la malísima herencia que nos dejó el PSOE. Insisto, estoy segura de que el PP será capaz de recortar gastos y liderar una política de austeridad y recuperación sin tener que imponer nuevos recortes a los más débiles. El mayor problema que hoy tiene la economía española viene de la falta de credibilidad del Gobierno y, por tanto, el cambio de Gobierno será el primer paso para empezar a generar confianza fuera y dentro de España.
–¿Han calculado cuánto cuestan las disfunciones que han detectado en el Estado autonómico?
–Si queremos ser rigurosos no podemos dar una cifra cerrada, porque hay que tener en cuenta muchos factores. Pero es evidente que el establecimiento de fronteras interiores perjudica a nuestra competitividad y a nuestra credibilidad en el exterior. Y también es evidente que tiene un coste político y económico muy importante que cualquier empresa se vea obligada a cumplir unos requisitos administrativos distintos en todo en función de la comunidad en la que se instale. No puede ser que en España haya cerca de 4.000 empresas, organismos, agencias, y entes públicos, en definitiva, un excesivo entramado de entidades que ahogan la administración.
–¿No cree que sólo con que hubiera menos cargos públicos, menos burocracia y menos coches oficiales se arreglarían buena parte de los problemas del Estado autonómico?
–Sería un avance que todas las Administraciones autonómicas, y no sólo las del PP, hicieran un esfuerzo de restricción del gasto. Ahora bien, ojo con las maniobras del Gobierno para distraernos con las cifras de deuda y de déficit autonómico y tapar así sus responsabilidades. La deuda pública de las comunidades representa el 17% del total, mientras que la del Estado es del 76%, lo que supone un 57,7 por ciento del PIB, es decir, que la deuda de la Administración central suma 611.000 millones de euros. El Gobierno, además de vigilar a los demás, debería vigilarse antes a sí mismo. Y la misma conclusión sale de comparar las cifras de déficit: el del Estado equivale al 6,7 por ciento del PIB, el de las comunidades es el 1,24 por ciento del PIB, y los ayuntamientos representan el 0,4 por ciento.
–¿Quiere decir que el gasto autonómico y municipal no es un problema?
–Las comunidades y los ayuntamientos deben hacer un esfuerzo de autorregulación, pero el Gobierno es el principal responsable de que la deuda y el déficit hayan llegado a cifras inasumibles. Además, fue Zapatero quien eliminó los límites establecidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ahora quiere volver a recuperar, pero que ya estamos pagando. Ahora resulta que el que fue el pirómano, quiere hacer de bombero.
–Parece, por alguno de sus últimos pronunciamientos, que el PSOE ha hecho suyo el lema del PP de que el Estado tiene disfunciones y hay que hacer ajustes. ¿Podría ser ésta la semilla de un gran pacto, aunque no cuaje hasta la próxima Legislatura?
–De momento el PSOE no ha hecho ningún gesto que vaya en esa dirección. Ninguna de sus comunidades está practicando una verdadera política de ajuste y de austeridad. Por supuesto que España necesita un gran acuerdo que defina las competencias del Estado y que corrija duplicidades, pero el movimiento se demuestra andando, y los socialistas están parados.
–¿De verdad cree que se pueden corregir las duplicidades y disfunciones fiándolo todo al consenso con las autonomías?
–Hace falta un acuerdo y el Estado también tiene que ejercer competencias sobre las que ha hecho dejación, y para ello no es necesaria ninguna reforma constitucional. Por ejemplo, en materia de educación hay comunidades que están violentando claramente la legalidad vigente ante la impasividad del Gobierno de España, que mira hacia otro lado. La legislación básica debe servir para establecer un mínimo común denominador para todos los alumnos en Historia, Literatura o Lengua, pero también para garantizar una educación de calidad cuyo objetivo sea la excelencia amparando la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos y la lengua en la que quieren educarles. Además, debe servir para que el conocimiento de la lengua oficial en toda España, el castellano, sea un derecho y un deber.
–La presidenta del PP de Cataluña ha defendido que no se toque ninguna competencia autonómica, y que sean los ministerios los que adelgacen. ¿Comparte esta posición?
–Las comunidades también tienen la obligación de no cometer más excesos. No es admisible que se rebelen ante una sentencia judicial o que pretendan eludir el ejercicio de las competencias que tiene el Estado como garante de los derechos de todos los ciudadanos.
–La Convención de Sevilla ha sido la confirmación del regreso de Aznar a la vida de partido…, ¿ha vuelto también a ser un activo para el PP?
–Nunca ha dejado de serlo porque es el presidente del PP que llevó al partido hasta el Gobierno de España y bajo su mandato se obró el milagro español. Sus opiniones siempre han sido muy tenidas en cuenta.
–¡Mire que no lo ha parecido!... Entonces, Aznar sigue siendo un activo, y Cascos ha dejado de serlo, ¿no?
–Lamentablemente, Álvarez Cascos ya no es un militante del PP.
–Que puede pegarle un mordisco en su electorado.
–Nosotros tenemos un proyecto nacional que tiene una manifestación muy importante en Asturias, y eso es lo que va a defender el PP de esa comunidad con propuestas para los asturianos. Es un proyecto que va más allá de una persona o de otra, porque estamos viviendo una auténtica encrucijada en nuestra historia.
–¿No le da algo de miedo tanta euforia sobre el alcance histórico de la victoria que van a obtener en las elecciones autonómicas y municipales?
–Es cierto que las expectativas son muy buenas y que es inevitable que la crisis económica y los casi cinco millones de parados no afecten al resultado de esos comicios. Pero hay que tener los pies en el suelo y no perder de vista el hecho de que las elecciones locales responden a criterios muy diferentes de los que condicionan unas generales. En cualquier caso, estoy segura de que esos comicios serán un indicativo de la decepción que ha generado mayoritariamente entre los ciudadanos la gestión del PSOE.
–¿Está entre los que creen que su adversario ya no es Zapatero, sino Rubalcaba?
–Nuestro rival político es el proyecto del PSOE. Un proyecto que durante mucho tiempo ha encarnado la figura de Rodríguez Zapatero y que de un tiempo a esta parte lo representa Rubalcaba. Pero el proyecto político sigue siendo el mismo, está igual de desgastado, tiene la misma falta de credibilidad e inspira la misma desconfianza. Es un proyecto que se basa en la improvisación, en el ataque al adversario político y en no tener un plan global para resolver la crisis económica.
–¿Rubalcaba tiene el suelo de cristal por su pasado?
–Sin entrar ya en su pasado con González, durante los últimos años ha sido un hombre de confianza de Zapatero y un cómplice, por tanto, de todas sus políticas. Ahora no puede pretender aparecer inmaculado y limpio de toda culpa.
–A usted, que ha liderado la denuncia del PP contra la supuesta utilización política de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ¿qué se le pasa por la cabeza en vísperas de unas elecciones?
–No tenemos ninguna duda de que los mandos políticos volverán a las andadas. Y digo mandos políticos, porque el Gobierno siempre intenta escudarse detrás de nuestros policías y guardias civiles. Nada me lleva a pensar que esos mandos políticos de Interior y la Fiscalía van a actuar de una manera distinta a como lo han hecho hasta ahora. Y los precedentes están ahí: «caso Malaya», «caso Chaves», «caso Faisán»…
–Cambiando de tercio, ¿ve margen para que el PP pueda incorporarse al pacto de Estado que negocian Gobierno, sindicatos y empresarios?
–En esas negociaciones se están mezclando muchas cosas y hay que marcar diferencias. En pensiones, nosotros llevamos mucho tiempo reclamando un debate serio y responsable, y buena parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo se basan en nuestras aportaciones. Creemos que hace falta una revisión del sistema y vamos a trabajar para conseguir que salga adelante. En cuanto a la reforma laboral, durante la negociación parlamentaria presentamos 70 enmiendas y ninguna fue admitida. Nuestras propuestas siguen ahí y no se nos puede echar nada en cara porque nadie, ni sindicatos, ni empresarios ni otros partidos, ha bendecido la propuesta aprobada por el Gobierno. Y en relación al sistema financiero, hemos apoyado todas las medidas que ha presentado el Gobierno, pero sigue sin hacerse nada.
-Pero entonces, ¿quiere decir que no ven posible ningún pacto o están dispuestos a acercar posiciones en alguna materia?
-El Gobierno se está desdiciendo de algunas cosas que hace muy poco tiempo apoyaba. Decir una cosa fuera de nuestras fronteras y otra dentro sólo genera incertidumbre y perjudica aún más nuestra credibilidad. Hoy no hay un proyecto global de recuperación económica, pero nosotros apoyaremos todas aquellas medidas que consideremos que son buenas para el interés general.
El cambio llegará a Castilla-La Mancha
- ¿Se ve ya como la próxima presidenta de Castilla-La Mancha?
- En Castilla-La Mancha hay una mayoría social que quiere un cambio porque considera que la política que el PSOE ha desarrollado en los últimos 30 años nos ha convertido en una de las regiones más pobres, más endeudadas y con menor crecimiento. El cambio llegará y lamentables gestiones, como la de la caja de ahorros o el aeropuerto de Ciudad Real, no volverán a repetirse.
«Camps es el mejor candidato»
–¿Revisarían la candidatura de Camps si hay alguna novedad judicial?
– Hoy Camps está acreditado como el mejor candidato y estamos seguros de que mejorará los índices de confianza que consiguió en las pasadas autonómicas. La vara de medir que se ha utilizado con él ha sido muy distinta de la que se ha aplicado en otros casos. Aquí se ha articulado la teoría de un delito que no se ha aplicado a todo el mundo. La Fiscalía se ha quedado sin argumento jurídico porque la propia Agencia Tributaria le ha quitado valor a los argumentos del fiscal para sostener la acusación, y aun así la Fiscalía sostiene sus acusaciones. En un Estado de Derecho todo el mundo debe ser tratado por igual y eso no está ocurriendo. Por tanto, estoy segura de que Camps será un magnífico presidente valenciano durante los próximos cuatro años.
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