El Gobierno defenderá su competencia sobre las cajas

Recalca el Gobierno que el decreto ley se enmarca así dentro de las competencias «en materia de legislación mercantil, bases de la ordenación del crédito, banca y seguros, y bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica» que el Constitucional otorga al Ejecutivo.Apoyo inciertoA un día de que la Cámara Baja vote la convalidación del decreto de reforma de las cajas, así como el objetivo de estabilidad presupuestaria para 2011, el conocido como «techo de gasto», el Gobierno sólo tiene garantizado el apoyo del Partido Popular, su principal interlocutor en la redacción del decreto, pese a los contactos previos a la presentación de la norma que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, mantuvo con CiU y PNV, formaciones que se reservan su posición hasta el último momento. Los grupos nacionalistas han dejado patentes sus recelos respecto al decreto de reforma, especialmente los catalanes, que han exigido que se respete escrupulosamente el poder de decisión de las comunidades autónomas.Es más, tanto CiU como las otras dos formaciones nacionalistas catalanas del Congreso, ERC e ICV, han presentado propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación en las que aluden a la cuestión competencial en materia de cajas, llegando a exigir los republicanos y los ecosocialistas que el Gobierno corrija la norma para evitar la «bancarización» y la «desvinculación» de las entidades de sus territorios de origen, propuestas que serán votadas el martes.Respecto a CiU, fuentes del Grupo Socialista del Congreso señalaron a EP que ven difícil que preste su apoyo a la norma, tras el precedente que sentó la formación catalana el pasado año con la tramitación del decreto por el que se creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), en cuya negociación CiU participó activamente para, a última hora, acabar votando en contra junto a PNV, ERC, IU, ICV, BNG, NaBai, y UPyD, por considerarlo un ataque a las competencias autonómicas.En su escrito, el Gobierno defiende el contenido de la reforma ante la «evidencia de las disfunciones» del modelo actual, así como la necesidad de profundizar «al máximo» en la mejora de la cualificación de sus gestores, que deben actuar en beneficio «exclusivo» de las entidades.