Fomento restringe la puesta en marcha de más áreas urbanísticas

Valladolid- La Consejería de Fomento y Medio Ambiente pretende poner coto al urbanismo descontrolado que ha originado en la última década nuevos asentamientos dispersos, con baja densidad de población y alejados de la trama urbana. Por ello, la normativa autonómica dejará a un lado su «neutralidad» y pondrá condiciones al desarrollo de nuevos sectores o áreas urbanísticas, vinculando su aprobación a la existencia de transporte público y a la capacidad de las redes de servicios municipales.

La Junta pretende establecer un nuevo modelo de desarrollo de las ciudades basado en un nuevo modelo de desarrollo de las ciudades basado en un urbanismo de proximidad, que reduzca los desplazamientos y mejore la eficiencia del transporte público. Para ello, ha elaborado el anteproyecto de ley de Regeneración Urbana, que llegará a las Cortes a finales de este año. Con esta norma se pretende impulsar un crecimiento compacto, continuo y articulado que permita la puesta en valor de espacios vacíos y la integración de las áreas metropolitanas.

Reconversión inmobiliaria
También persigue facilitar la «reconversión» del sector inmobiliario hacia la rehabilitación y regeneración urbana. En este sentido, la Junta dará un plazo de cinco años a los propietarios de suelo urbanizable para que demuestren la viabilidad de los mismos. Por tanto, aquellos terrenos que no cuenten con una planificación posterior volverán a ser rústicos. Además, obligará a los propietarios, que piden cambios de clasificación del suelo o aumentos de la edificabilidad, a correr con los gastos de los informes o estudios que exija la legislación. Asimismo, la Junta se ha marcado como objetivo introducir la sostenibilidad en la planificación urbanística de la Comunidad, en especial, en las nueve capitales de provincia, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Ponferrada. Para ello, ha diseñado doc áreas urbanas en las que endurece las exigencias para autorizar nuevos desarrollos urbanísticos.

De este forma, en los municipios de más de 2.000 habitantes o situados en las áreas urbanas previstas no se podrán aprobar nuevos sectores si no disponen de las infraestructuras necesarias para depurar la totalidad de sus aguas residuales.

También, en las poblaciones en las que se planteen más de 300 viviendas se deberá estudiar con detalle su impacto en los espacios públicos y dotaciones municiaples, lo que dificultaría proyectos que multiplicaróan la población de núcleos pequeños, informa Ical.