Sarkozy prohibirá el burka pese a la oposición del Consejo de Estado

París- «Su opinión es respetable pero contestable», replicaba ayer Jean François Copé, el jefe de filas de la UMP, el partido de Nicolas Sarkozy, en la Asamblea Nacional a cuenta de las nuevas reticencias del Consejo de Estado respecto a las intenciones del Gobierno de prohibir el uso del velo islámico integral en todo el espacio público francés. Es la segunda vez en menos de dos meses que este órgano, asesor jurídico del Ejecutivo, se manifiesta en contra de una prohibición total del burka, como pretende el proyecto de ley gubernamental que será presentado el próximo miércoles tras su aprobación por el Consejo de ministros y encaminado a resolver un problema de «seguridad, convivencia y respeto de las mujeres».Consideran los «sabios» de este tribunal, la más alta instancia administrativa francesa, que el hecho de querer desterrar el uso público de prendas islámicas como el burka o el niqab, incluso en la calle, es «jurídicamente inviable» porque no reposa sobre fundamentos incontestables y además existen «incertidumbres constitucionales y convencionales». Se refieren a los principios sobre la «autonomía de la persona» amparados por la Convención europea de derechos humanos y que tal prohibición podría conculcar.El Gobierno pretende desoír las advertencias de un órgano que, en el pasado y ante cuestiones tan controvertidas como legislar sobre el velo islámico, ha demostrado pecar de timorato. Sobre todo, porque sus recomendaciones no son vinculantes y su carácter, meramente consultivo. Es la razón por la que el primer ministro, François Fillon, se comprometió hace pocas semanas a asumir «todos los riesgos jurídicos necesarios» para sacar adelante un proyecto de ley que es la culminación máxima de la guerra que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, declaraba al burka hace ahora un año. Y sin perjuicio de que posteriormente, una vez que la ley entre vigor –no antes de la primavera de 2011– el Consejo Constitucional pueda retocarla.Si finalmente el Ejecutivo se ha decantado por una prohibición total y no parcial, como sugería el Consejo de Estado, es porque estima que limitarla sólo a algunos lugares o servicios públicos «constituiría una respuesta frágil, indirecta y desviada al verdadero problema que plantea dicha práctica en nuestra sociedad», según indicaba ayer el diario «Le Figaro», citando la exposición de motivos que del último borrador.El texto, que iniciará el próximo mes de julio su trámite parlamentario ante los diputados antes de llegar al Senado en septiembre, prevé multas de 150 euros para las infractoras y hasta 15.000 euros y un año máximo de prisión para las personas que impongan su uso a terceros.