De guerras de cifras e informes «manipulados»

MADRID- El pasado día 2 de abril, cuando José Luis Rodríguez Zapatero anunció que no volvería a ser candidato a las próximas elecciones generales quiso subrayar a la Ley de Dependencia como uno de hitos sociales de sus dos legislaturas. A la norma, que vio la luz a finales de 2006, se la llegó a llamar «el cuarto pilar del Estado del Bienestar», junto a la educación pública, la sanidad gratuita y las pensiones. Desde entonces ha sido el arma arrojadiza por excelencia entre las comunidades y el Estado. El último fuego cruzado se produjo el pasado viernes, el próximo, hoy en la asamblea de Madrid.

El pasado viernes, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, presentó en Consejo de Ministros un informe de evaluación de la Ley de la Dependencia. Una disposición final de la norma establecía que, transcurridos los primeros tres años de aplicación progresiva de la ley, el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia realizaría una evaluación de los resultados de la misma. Pajín no sólo no convocó a las comunidades para realizar esta evaluación, sino que decidió realizarlo ella misma y ofrecer «sus» datos en rueda de prensa.

«Un uso torticero»
«En el que venía a decirse que el Estado es el que está abonando la Dependencia y no las comunidades autónomas», denuncia el consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria. Pajín aseguró que «el calendario de desarrollo de la ley ha sido cumplido fielmente» y que «el Estado ha financiado el 61 por ciento del gasto total en materia de atención a la Dependencia». «Ha hecho un uso torticero de los datos», respondió Victoria, tras lo cual pidió la dimisión de la ministra. En esta misma línea se pronunció el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Comunidad Valenciana, que aseguró que «el Ministerio de Sanidad y Política Social ofrece datos falsos para manipular en plena campaña electoral».

Según el informe de la Comunidad de Madrid al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Estado (que por Ley debe pagar la mitad del coste de la Dependencia) dejó de pagar al Ejecutivo de Esperanza Aguirre por la atención a los dependientes un total de 114.098.382 euros en 2008; 86.598.291 en 2009; 139.897.123 en 2010 y 258.133.928 euros en lo que llevamos de 2011. En total, la deuda acumulada por impagos de la ley, según este informe, es de 598.727.725 euros.
Esta batalla por la financiación de la ley estrella de Zapatero llegará hoy también a la Asamblea. Todos los grupos, a excepción de IU, preguntarán sobre la aplicación de la ley en la Comunidad. La presidenta regional y el consejero de Asuntos Sociales responderán a UPyD, al PSOE y al PP prácticamente sobre la misma pregunta: ¿cómo valora el Gobierno el cumplimiento de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid? Pese a la deuda del Estado en la financiación de la ley, según datos del propio Ministerio de Sanidad, la región de Madrid está a la cabeza del sistema de atención a la dependencia.

En concreto, más del 83 por ciento de los beneficiarios con derecho a prestación se encuentran atendidos, un porcentaje que sitúa a la Comunidad 12 puntos por encima de la media nacional (77 por ciento). Además, el 92 por ciento de los Programas Individuales de Atención de la Comunidad contienen un servicio profesional, y sólo el 29 por ciento de los dependientes son atendidos con una prestación económica.

Puntos de la polémica

La evaluación
Las comunidades reciben entre 60 y 264 euros por cada dependiente con independencia del tipo de prestación que reciba.
La cantidad
El Estado debe pagar el 50% del coste de la aplicación de la ley. Madrid denuncia que no llega al 20% del total.
La calidad
La falta de financiación ha hecho que se dé dinero a los familiares de los dependientes antes que plaza de residencia.
Empleo
La ley fomenta las prestaciones económicas directas y el ingreso en residencias. No crea nuevos empleos.
Prevención
El Estado ha eliminado o recortado los servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal.
Igualdad
La ley tiene un baremo de acceso al sistema, pero las valoraciones de cada caso son diferentes en cada CC AA.
Centralización
No existe un espacio socio-sanitario nacional común para dar una atención integral a dependientes.
Política
El Ministerio ha hecho el balance de los tres primeros años de aplicación de la ley en Consejo de Ministros.
Unilateralidad
La evaluación de la aplicación de la ley y sus problemas se ha llevado a cabo sin las valoraciones de las CC AA.
Recortes
En 2010, el Gobierno eliminó la aplicación retroactiva de la ley. Dio seis meses para la resolución de peticiones.