Una ruina de herencia

A medida que se van conociendo las cifras oficiales del cierre anual, más nítidamente se aprecia la castastrófica dimensión de la herencia que dejan siete años de Gobierno socialista y que se puede resumir en dos campos: la Seguridad Social y el desempleo. La primera ha cerrado el año 2011 en déficit (todavía sin cuantificar) por primera vez en 13 años, lo que quiere decir que el PSOE vuelve a las andadas de 1996, cuando Felipe González legó a José María Aznar una Seguridad Social en quiebra. Por el contrario, en 2004 el PP entregó a los socialistas un sistema saneado, en ascenso y con un nutrido fondo de reserva. Todo eso se ha dilapidado. En cuanto al paro, los números hablan por sí solos: hace siete años, los parados registrados rozaban los 2,18 millones; ayer se supo que 2011 cerró con 4,42 millones, más del doble. Si a este dramático escenario se añade la desviación del déficit público en un 33,3%, se comprende que la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, haya exclamado: «Nos han dejado un país en la ruina económica y social». También se explica que los mercados bursátiles acusaran ayer el golpe con una sensible caída y que la Comisión Europea aprovechara la ocasión para recordarle al Gobierno que España debe afrontar sin demora las reformas profundas que tiene pendientes, empezando por la laboral. En efecto, la economía española semeja hoy un enfermo moribundo que requiere una intervención a corazón abierto. Naturalmente hay que cortar tejidos y aplicar una fuerte medicación con efectos secundarios. Pero no hay otra forma de salvar a un paciente que, cuando estaba menos grave, no recibió ni los cuidados necesarios ni la atención de sus médicos de cabecera. Lo que ayer se pudo haber hecho con menos traumatismo se debe hacer hoy sin que le tiemble el pulso al cirujano. Por eso, al margen de las nuevas medidas para reducir el déficit que mañana jueves acuerde el Consejo de Ministros, la gran decisión se centra en una reforma laboral profunda. Lo deseable es que fuera pactada por los sindicatos y la patronal. Pero es de temer que los sindicalistas tengan otras prioridades, más centradas en defender una legislación que en vez de crear empleo expulsa a los trabajadores al paro. En ese caso, el Gobierno popular debe asumir su responsabilidad y legislar pensando no en dos sindicatos, sino en cinco millones de parados. Es muy positivo que ayer tanto Bruselas como Berlín no escatimaran elogios hacia las primeras medidas de Rajoy, pues son la mejor garantía frente a unos mercados de deuda que castigan sin misericordia las debilidades de los gobiernos. El aval de la locomotora alemana, que ayer hizo públicos unos datos de empleo bien diferentes a los nuestros, encierra en realidad otro mensaje: o España reduce el paro o todos sus sacrificios serán inútiles.