Competencias con fondos y una partida fija para infraestructuras

Sevilla- Málaga se queja; Sevilla, reivindica. La capitalidad interfiere–otra vez– entre las dos grandes ciudades del sur. El Estatuto, que reconoce expresamente la consideración de Sevilla como capital es el as en la manga de Zoido para solicitar una serie de fondos y transferencias por los servicios que se presta al resto de andaluces a cargo del Ayuntamiento.

El borrador de Iniciativa Legislativa que la Delegación de Relaciones Institucionales llevará a Pleno, para la posterior presentación ante el Parlamento por parte de Zoido, recoge que «la necesidad de dotar a la ciudad de Sevilla de un Estatuto especial de Capitalidad tiene como objeto la plasmación normativa expresa del reconocimiento formal de Sevilla como Capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogida en el Artículo 4.1 del Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 18 de noviembre) donde se establece que: «La Capital de Andalucía es la ciudad de Sevilla, sede del Parlamento, de la Presidencia de la Junta, y del Consejo de Gobierno (…)». El borrador, al que ha tenido acceso LA RAZÓN de Sevilla, censura que otras capitales como Barcelona, «Pamplona, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife y algunas otras que se encuentran tramitándose en los respectivos Parlamentos autonómicos» tienen un «régimen especial». No es el caso de Sevilla, al no haberse desarrollado la previsión estatutaria.

Entre los gastos a cargo de Sevilla por ser capital, se citan «las exenciones tributarias e impositivas para edificios, instalaciones y vehículos pertenecientes a la Administración de la Junta de Andalucía, los costes por congestiones de tráfico rodado, de vehículos a motor, los costes de seguridad, servicios municipales varios, e incluso la utilización de espacio físico por las Instituciones de la Junta para la celebración de actos». La Iniciativa Legislativa contempla «la solidaridad» y el «equilibrio territorial». Solicita: transferencias de competencias como seguridad, justicia de proximidad, turismo, urbanismo, vivienda, sanidad, educación, transporte, tráfico, telecomunicaciones, medioambiente, salud pública, consumo, servicios sociales, juventud, mujer, deportes y participación «con una financiación adecuada». y «una partida anual mínima» y otro fijo para infraestructuras.