Francia

Le Vert envía diez meses después los 645 folios del «chivatazo»

Diez meses ha tenido que esperar la Audiencia Nacional para conseguir que la Justicia francesa le remita toda la información requerida sobre el «chivatazo» policial que, supuestamente, alertó a ETA de una operación contra su «aparato de extorsión» en mayo de 2006.

Vigilancia policial sobre el bar Faisán de Irún
Vigilancia policial sobre el bar Faisán de Irúnlarazon

El pasado febrero, Baltasar Garzón cursó –forzado por la Sala de lo Penal– una comisión rogatoria a la juez Laurence Le Vert solicitándole diversa documentación sobre el «caso Faisán» (que toma su nombre del bar de Irún que presumiblemente ETA utilizaba para el cobro del «impuesto revolucionario»).

Ahora, con Garzón suspendido en sus funciones, ha sido su sustituto, el juez Pablo Ruz, el encargado de recibir el pasado lunes los 645 folios y diez tomos remitidos por la magistrada gala.

Ruz (que en junio reiteró a Francia la petición a la vista de que los meses pasaban sin que Le Vert cumplimentase la comisión rogatoria) ha dado ya órdenes de que los documentos se traduzcan del francés «a la mayor brevedad posible» por el servicio de intérpretes de la Audiencia Nacional.

Entre las cuestiones por las que preguntó Garzón a Francia figura la relación del tráfico de llamadas tanto del dueño del local, Joseba Elosúa, como de José Antonio Cau Aldanur (presunto miembro de la red de extorsión etarra) «en caso de que sus teléfonos hubiesen sido intervenidos». Del mismo modo, el magistrado español se interesó por las efectuadas desde una cabina cercana al bar Faisán por Elosúa.

Garzón también quería saber si el dispositivo policial contra el «aparato de extorsión» de ETA se suspendió el 4 de mayo de 2006 por una «filtración». Igualmente, el juez reclamó a Francia todas aquellas actuaciones que hubiese realizado la Justicia gala en relación a esta investigación.

En esta causa están imputados el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector de la Brigada de Información de Álava. El fiscal Carlos Bautista pidió el sobreseimiento del caso en octubre de 2009 al no poder identificar al autor del chivatazo.