Dos intrusos custodiaron el acuerdo origen de la trama en una caja fuerte

SEVILLA- «Es la primera fórmula del ‘fondo de reptiles'», aseveró ayer el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz. Se refería a un preacuerdo, fechado el 10 de febrero de 1999, entre la Junta y la empresa Hijos de Andrés Molina SA –Cárnicas Molina–, para la «recolocación» de los trabajadores, incluso a los 48 años.
Varias circunstancias en torno a dichos documentos, en teoría públicos, «llaman poderosamente la atención», en palabras del propio Sanz. Para empezar, según consta en el anexo del preacuerdo, «ambas partes –empresa y Administración autonómica–» pactan su depósito «en una caja de seguridad de una entidad financiera» que, además, «sólo podrá ser abierta con el consentimiento de dos de las tres partes fimantes del presente acuerdo».
¿Y quién son los rubricantes? El ex sindicalista e intermediario, Juan Lanzas, en representación de UGT; José Manuel Revuelta Pérez, delegado de CC OO; y el que fuera en su día gobernador civil en Cádiz, el fallecido César Braña, en calidad entonces de consejero delegado de la sociedad, a propuesta del extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Es decir, dos de los tres actores necesarios para sacar los papeles de la caja fuerte, Lanzas y Braña, se han revelado años después como presuntos beneficiarios de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga la juez instructora Mercedes Alaya. En concreto Lanzas, «intruso» imputado en la causa, trabajó después como comercial para Vitalia y cobró porcentajes del capital de cada expediente de regulación, según declararon directivos de la consultora.
¿Qué pretendían ocultar guardando el preacuerdo y el anexo en una caja fuerte?, se preguntó el secretario general de los populares andaluces. Un interrogante, de momento sin respuesta, que le dio a pie a exigir «explicaciones» al Gobierno andaluz. Añadió más motivos luego para su reclamación. Según aseveró, existe un informe de la Intervención Delegada de la Junta de Andalucía en el que «ya con fecha 19 de junio de 2000 se advierte de que las ayudas a esos empleados –los trabajadores de Cárnicas Molina, la empresa del mencionado preacuerdo– podrían ser incluso incompatibles con el mercado común y la normativa europea». Con ese texto como aval, Sanz acusó al Ejecutivo regional de «conocer prácticamente desde el primer día» las irregularidades «en el procedimiento» empleado para gestionar el denominado «fondos de reptiles». Destacó que a las ocho alertas de la Intervención General de la Junta hay que sumar la de 2000 y lanzó: «¿Por qué sólo se nos había contado la historia desde 2001 en adelante y no el origen de los ERE? La Junta fue consciente desde el principio del fraude».
De hecho, el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, ahora imputado, reconoció en su declaración: «Antes de mi llegada, desde Cárnicas Molina, ya había un concierto». «Ya después –añadió– hicimos el convenio para hacerlo por el IFA, para que la Tesorería de la Junta ingresara el dinero directamente al IFA». ¿Se pusieron impedimentos antes al traspaso de fondos y por eso se cambió el circuito?
Para el dirigente popular, «es enormemente grave que los creadores del ‘fondo de reptiles' no fuera un director general como se nos dijo, sino los consejeros».