La Fiscalía revisa 27 atentados etarras buscando pistas para reabrir los casos

MADRID- La Fiscalía de la Audiencia Nacional está revisando minuciosamente 27 causas archivadas de atentados de ETA para dar con cualquier indicio que permita reabrirlas e impedir, de paso, su prescripción. De hecho, ya ha solicitado que se vuelvan a investigar tanto el asesinato de Eugenio Olaciregui en 1997 como el atentado frustrado con libro-bomba contra José María Muguruza, ex vicepresidente del Banco Guipuzcoano en 2000. Pero los casos más urgentes son los que hacen referencia a procedimientos abiertos en 1992, que si se archivaron ese mismo año están a punto de prescribir. Uno de los que está estudiando la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza es el del asesinato, el 1 de abril de 1992, del coronel retirado del Ejército del Aire Aquilino Vasco Álvarez, a quien le explosionó en su casa de la madrileña calle de Clara del Rey un paquete-bomba enviado por la banda con remite de TVE.

Al juez Santiago Pedraz ya le ha llegado una petición fiscal solicitando la reapertura del sumario abierto por el asesinato de Olaciregui, un empleado de una tienda de bicicletas a quien ETA mató de un disparo en la nuca el 30 de enero de 1997 en San Sebastián cuando se dirigía a trabajar. La banda terrorista le había señalado como el informante anónimo que, supuestamente, había facilitado el año anterior la detención de Valentín Lasarte (condenado posteriormente por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y el dirigente socialista Fernando Múgica). Lasarte había comprado, poco antes de ser detenido, una bici en el local donde trabajaba la víctima y ETA llegó a la conclusión de que fue él quien avisó a las Fuerzas de Seguridad, algo que su familia siempre negó.

El fiscal Jesús Alonso recuerda en el escrito que el atentado se realizó con la misma pistola (marca FN y modelo HP-1935) «con la que se cometió mes y medio después, el 11 de marzo de 1997, el asesinato de Javier Gómez Elosegui» a manos del etarra Fernando Elejalde. Este último reconoció en su declaración policial que fueron Javier García Gaztelu, «Txapote», Irantzu Gallastegui y José Luis Geresta, miembros «liberados» del «comando Donosti», los que le entregaron el arma días antes del atentado. El fiscal deduce que en las fechas en que se produjo el asesinato de Olaciregui, el arma referida estaba en manos de esos tres etarras, por lo que pide que se les tome declaración como imputados. Al mismo tiempo, solicita al juez que cite a declarar como testigo a Elejalde, que pida informes a Policía y Guardia Civil sobre las actividades del «comando Donosti» entre enero y mayo de 1997 y que informe, al igual que la Ertzaintza, «si sobre este atentado han recopilado pruebas o efectuado diligencia de algún tipo». Según las fuentes consultadas, Pedraz acordará que se practiquen todas esas diligencias en las próximas fechas.

Petición de entrega a Francia
El fiscal Luis Barroso, por otra parte, también ha instado ya al juez Fernando Grande-Marlaska a reabrir la investigación por el atentado frustrado contra Muguruza el 22 de octubre de 2000. Barroso pide que se tome declaración a los etarras del «comando Buruntza» Oskarbi Jauregi, Xabier Macazaga y Ainhoa García Montero, presa en Francia, de quien se pide su entrega a España durante tres meses. El fiscal defiende que Macazaga y García Montero «decidieron de común acuerdo» atentar contra Muguruza.

La Fiscalía justifica su decisión en el hallazgo, en un piso de Bergerac (Francia) que la cúpula de ETA utilizaba como refugio, de una carta escrita «de puño y letra» por Jauregi en la que se hace mención expresa al atentado y a un texto en el que figura el nombre y apellidos de Muguruza, su dirección y sus características físicas.

Los 314 asesinatos de ETA que aún no se han resuelto
Mientras las condenas de algunos etarras están siendo revisadas, aún hay 314 asesinatos de la banda terrorista sin resolver. Al menos ése fue el dato que puso sobre la mesa la Fiscalía de la Audiencia Nacional en un informe que presentó al Observatorio contra la Impunidad. Las propias víctimas iban más allá asegurando que sus cálculos ascendían hasta los 349, ya que la Fiscalía sólo incluyó los atentados que se perpetraron a partir de 1978.

De estos 314 asesinatos sin resolver, se acordó el sobreseimiento provisional de 166 por desconocerse los autores de aquellos atentados. Además, en 95 casos, aunque se identificó algún implicado, no se consiguió resolución alguna contra los autores. Incluso hasta en 18 ocasiones los juicios siguen abiertos.

Con todo ello, las víctimas aún han tenido que ver cómo durante estos años han prescrito 134 asesinatos. Pero detrás de estas cifras están los rostros de las víctimas, que ven cómo los verdugos salen impunes. Es el caso del asesinato del guardia civil Aurelio Prieto, que prescribe en 2016.

La cifra de los que pueden prescribir se acerca a la centena. Una cantidad nada desdeñable si se tiene en cuenta que los crímenes de ETA suman en total 857. Más de cincuenta años de terror desde que en 1960 mataran a un bebé de pocos meses. Sólo entre 1978 y 1990 se cometieron 562 asesinatos a manos de los terroristas de ETA.