La lucha de la primera comerciante que recurrió el canon digital

En declaraciones a Efe, Méndez, que tiene una pequeña tienda de informática en Barcelona, ha expresado hoy su satisfacción por este golpe contra el canon digital, que en su opinión "ha explotado por la avaricia"de las entidades que lo gestionaban, como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

La SGAE reclamó en 2004 a la comerciante 16.000 euros por el canon digital correspondiente a los dos años previos -cuando según Méndez todavía no estaban aplicadas las tarifas digitales- y, ante la negativa de la comerciante a pagar esa cuota, la llevó a juicio y consiguió que en 2006 un juzgado mercantil le diera la razón.

No obstante, Ana María Méndez presentó un recurso ante la Audiencia de Barcelona -el primero de España que cuestionaba el canon-, que elevó el caso al Tribunal de la UE para conocer si el sistema de gravamen español era conforme a la directiva europea.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha declarado hoy que el canon digital que se aplica en España a los soportes de reproducción adquiridos por empresas y profesionales para fines distintos de la copia privada "no es conforme"con el Derecho comunitario.

En su sentencia de hoy, la Corte, con sede en Luxemburgo, señala que la "aplicación indiscriminada"del canon, en particular a equipos, aparatos y soportes de reproducción digital -como CD o DVD- que no se hayan puesto a disposición de usuarios privados y estén reservados a usos distintos a la realización de copias privadas, "no resulta conforme"con la directiva europea 2001/29.

Para Méndez, el canon digital supone "una forma de recaudación injusta e indiscriminada"que, además, "se ha llevado por delante a muchos negocios"y ha provocado un alud de demandas ante los tribunales. "El problema es que las entidades de gestión privada cobran por un DVD 200 veces más de lo que cuesta fabricarlo", ha lamentado la comerciante, que ha criticado los irregulares cálculos de la SGAE para exigir el gravamen, ya que en su caso empezaron reclamándole 48.000 euros y, ante sus quejas, acabaron rebajando la tarifa a 16.000. Ana María Méndez se ha mostrado esperanzada en que la sentencia del Tribunal de la UE sirva para que se tenga en cuenta a los usuarios al negociar la nueva orden ministerial para la aprobación de las tarifas digitales.