El Tribunal de Cuentas investigará a Chaves y Griñán

SEVILLA-La trama de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) falsos que fueron financiados con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía ha dado un salto cualitativo. El Tribunal de Cuentas acaba de admitir a trámite la denuncia que el PP presentó el pasado día 3 de mayo e investigará el caso porque aprecia «que pudiera existir un perjuicio para los fondos públicos autonómicos».

Ya no se trata de un presunto caso de corrupción que persigue el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, motivado por la presencia de una jueza, Mercedes Alaya, que tiene una «guerra particular» con la Administración andaluza. El Tribunal de Cuentas también considera que el escándalo merece su atención.

La decisión del máximo órgano fiscalizador era esperada por el Partido Popular, aunque no la contundencia de los razonamientos jurídicos que la motivan. El Tribunal asume que el Gobierno andaluz cometió «supuestas irregularidades en la concesión de ayudas con fondos públicos de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico» y que se estableció «un sistema de ayudas a empresas en crisis para de esta forma evitar los procedimientos administrativos y las limitaciones legales que eran aplicables a esas ayudas».

Los indicios de la denuncia convencen al Tribunal de Cuentas: «El escrito describe muy detalladamente que, anualmente, entre 2001 y 2009, se incorporan partidas a los Presupuestos de la Consejería de Empleo para que fueran transferidas, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, con base a un convenio marco y, posteriormente, en una serie de convenios particulares, al Instituto de Fomento de Andalucía –posteriormente denominado Agencia IDEA–».

El Tribunal ahonda en su escrito en esta línea: «Según esta argumentación, por esta entidad –el IFA– se otorgaron estos fondos como ayudas a empresas en crisis, sin la concurrencia y publicidad adecuadas, dando lugar a que, en realidad, los fondos públicos utilizados, fraudulentamente, para beneficiar a determinados alcaldes, altos cargos y personas concretas». No añade la filiación política de los beneficiarios, que en la mayor parte de los casos eran personas, empresas y hasta Ayuntamientos del PSOE.

Con todo ello, concluye que «siquiera indiciariamente, pudiera existir un perjuicio a los caudales públicos, por lo que resulta conveniente acometer una investigación de estos hechos que permita su concreción y, en su caso, el posterior ejercicio de las acciones procedentes ante esta jurisdicción».

A la espera de novedades
El auto, dictado el 24 de junio y que hasta ayer no se hizo público, ordena el nombramiento de un delegado de instructor para que comience la investigación. Fuentes del PP confían en que el proceso no se dilate y que puedan existir novedades en un plazo inferior a un año.

El instructor tendrá que comprobar si el Ejecutivo andaluz –que estaba presidido en esa época por Manuel Chaves y con José Antonio Griñán como responsable de Economía y Hacienda– desoyó de manera intencionada las reiteradas advertencias de la Intervención General de Hacienda, que desde el año 2003 en sus sucesivos informes anuales apuntó que el atajo elegido para pagar las prejubilaciones prescindía «de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido».

Las motivaciones de los responsables políticos andaluces para elegir este sistema eran simples: había que mantener la «paz social». Así aparece reflejado en las alegaciones que presentaron a la Intervención. Por eso idearon un procedimiento rápido y flexible.

El resultado es conocido: casi 700 millones de euros gastados entre los años 2001 y 2010 y, al menos, 183 beneficiarios de diferentes pólizas de prejubilación irregulares.

Argumentos sólidos
- Asegura el Tribunal
que presumiblemente se «otorgaron fondos a empresas en crisis sin la concurrencia y publicidad adecuadas».
- El dinero se utilizó «fraudulentamente para beneficiar a determinados alcaldes, altos cargos y personas concretas».
- Concluye el auto que «resulta conveniente acometer una investigación que permita su concreción y posterior ejercicio de las acciones procedentes ante esta jurisdicción».

Cronología de un escándalo
14 de febrero 2011
Estalla el escándalo de Mercasevilla al conocerse la supuesta extorsión a empresarios a cambio de los ERE fraudulentos.
11 marzo de 2011
La jueza Alaya, que investiga la trama, asegura en un auto que existen indicios de que la «Autoridad Laboral» conocía los hechos investigados.
30 marzo de 2011
La jueza reclama a la Junta las actas de sus reuniones desde 2001, que el Ejecutivo andaluz califica de reservadas y secretas.
2 abril de 2011
Pese a la reclamación judicial, el Gobierno andaluz se niega a enviar a la instructora del caso de los ERE falsos las actas de sus Consejos.
7 abril de 2011
Finalmente, la Junta da su brazo a torcer y deposita en el Juzgado las actas en once sobres lacrados metidos en una armario acorazado.
3 de mayo de 2011
El PP denuncia los expedientes de regulación de empleo fraudulentos ante el Tribunal de Cuentas, que ayer decidió abrir una investigación.