El Govern quiere reconocer como autoridad pública a los profesores

BARCELONA- En las dos últimas semanas tres profesoras catalanas han sufrido agresiones por parte de familiares de alumnos. La última agresión –en el Vallès– trascendió ayer y según la consellera de Ensenyament, Irene Rigau fue «especialmente grave» ya que a la maestra le tiraron del pelo y requirió atención sanitaria. Días antes, en Constantí, los Mossos tuvieron que detener a la madre de un alumno del centro por agredir a otra docente y en Maçanet de la Selva, una abuela y una madre de un alumno de seis años fueron arrestadas por amenazar a una directora y a su profesora.

Frente a esta escalada de sucesos violentos, la consellera Rigau anunció ayer que el Govern ha tomado cartas en el asunto y apuesta por cambiar la Ley de Educación de Cataluña (LEC) para convertir en autoridad pública a todos los docentes de Cataluña. El objetivo es reforzar la autoridad de profesores y maestros, tanto si son trabajadores de la pública o la concertada/privada o son funcionarios.

Rigau abrió la veda a un cambio más que sustancial en la LEC, que inicialmente sólo preveía que los directores ostentaran este cargo, aunque los últimos sucesos han desviado las previsiones iniciales del Govern. «Queremos enviar el mensaje a la sociedad de respeto y estima a los docentes», indicó Rigau en su comparecencia en el Parlament.

La principal meta de la Generalitat en este ámbito es el de reforzar judicialmente la posición de un docente agredido. El govern podría seguir el modelo de la Comunidad de Madrid, que en junio de 2010 aprobó la Ley de Autoridad del Profesor, que también dota el rango de autoridad pública a los docentes y directores. La norma establece que los trabajadores gocen del «principio de veracidad» en sus denuncias, lo que les da la posibilidad de adoptar «medidas cautelares provisionales» contra los alumnos que contravengan las normas de convivencia.
El PP se felicitó por el anuncio de la consellera, ya que el pasado mes de septiembre el partido presentó una proposición de ley en el Parlament que seguía la línea de la norma de Esperanza Aguirre.

Rigau confía en aprobar este cambio en la LEC porque el pleno del Parlament ya aprobó por unanimidad una prouesta de resolución en la que se ofrece apoyo a situaciones violentas, por lo que espera consenso sobre su propuesta de reforma legislativa.

Los sindicatos discrepan
- Ante el anuncio de Rigau sobre el cambio en la LEC, la sorpresa reinó en las filas sindicales. La secretaria general de Enseñanza de CC OO, Montse Ros, quiso aplaudir «cualquier iniciativa que dignifique las condiciones laborales de los docentes», pero discrepó de las formas de la consellera. «Antes de realizar cualquier cambio, debería sentarse con los sindicatos para negociar», dijo. Según Ros, el cargo de autoridad pública también supone «una exigencia de responsabilidad mayor» para los docentes, en las que «una simple falta se puede convertir en delito». «No puede igualarse a funcionarios o docentes de la concertada porque no tienen las mismas condiciones», defendió.

- No sólo en los aeropuertos los teléfonos no respondían: ante la imposibilidad de volar al destino deseado, las alternativas como trenes, autocares y coches pronto se vieron colapsadas. Por ello, los teléfonos de empresas de alquiler de vehículos, así como los de las compañías de autobuses, estuvieron saturados gran parte de los días de ayer y el sábado.

- Pese a las dificultades para averiguar si se podía volar o no, el panorama de ayer en aeropuertos afectados por el cierre temporal, como el de Barcelona, era más tranquilo que el sábado, y las colas eran menores. Muchos pasajeros, resignados, optaron por quedarse en casa, como se les había pedido, y llamar por teléfono. Aunque fuera un «902» con un contestador al otro lado.