Dinero de los trabajadores

La gestión del escándalo de los ERE de Andalucía recuerda a los viejos casos de corrupción del felipismo. En aquellos tiempos, primero se negaron, después se intentaron controlar y, por último, estallaron y se llevaron por delante el crédito y la imagen de un partido que llegó al poder con el eslogan «Cien años de honradez». Los viejos «tics» se repiten hoy y, lo que es más sintomático, algunos protagonistas, también. Manuel Chaves y José Antonio Griñán llevan semanas achicando el agua con una versión con tantos agujeros que resulta inverosímil. El caudal probatorio es de tal magnitud que sólo demoran lo inevitable. Documentos y testimonios prueban que la Junta hizo posible una trama de ERE con irregularidades en empresas de Andalucía, con la presencia de beneficiarios que nunca habían trabajado en la compañía o que desempeñaron cargos distintos a los que figuraban sobre el papel. Una red que dispuso de 647 millones de euros, que el propio ex director general de Empleo de la Junta calificó de «fondo de reptiles». Ello fue posible porque Chaves y Griñán eligieron mecanismos al margen del Derecho administrativo y de los procedimientos presupuestarios para camuflar la presencia de ese dinero. Es poco creíble, como sostiene la defensa, que ambos dirigentes desconocieran los reiterados informes de la Intervención General que señalaban desde 2005 que el medio elegido para transferir esas partidas para los ERE a distintos entes instrumentales de la Junta no era regular. Según Griñán, él no se enteró de nada, porque la Intervención no le elevó dato alguno cuando era consejero de Economía y Hacienda. Pero ayer su testimonio fue de nuevo rebatido con un documento oficial de 2006, que prueba que la Intervención ordenó el traslado de informe definitivo a Griñán en el que se acreditaba que se estaban tramitando subvenciones excepcionales al margen del procedimiento administrativo establecido. Evidentemente, Chaves y Griñán consintieron y no evitaron el monumental fraude que se cometió con el dinero de los trabajadores. Y es éste un elemento moral no baladí, que mide la integridad de los implicados y que los incapacita para ejercer cualquier responsabilidad pública. Hoy, la Junta reconoce casi un centenar y medio de casos irregulares. Muchos de ellos afectan a socialistas y sindicalistas de UGT. Uno muy singular es el del ex consejero de empleo de la Junta, Antonio Fernández, que pasó de números rojos a un patrimonio suculento el mes en que se le concedió el ERE. La Justicia será la que dirima qué clase de delitos y quién los ha cometido, pero existe una responsabilidad política incuestionable. Primero de Chaves, porque la trama comenzó bajo su mandato y porque parece imposible que un presidente no se entere del destino de 647 millones provenientes de sus presupuestos. Y segundo de Griñán, consejero de Economía cuando la Intervención advirtió por pasiva y por activa de lo que sucedía. Y todo ello con la sospecha de que la trama era un instrumento para la financiación ilegal del PSOE. El tiempo y las pruebas corren en contra de Chaves y Griñán, pese a la sospechosa falta de diligencia de la Fiscalía.