Cuestión de confianza

El Gobierno manifestó, desde el mismo instante de conocer la debacle electoral, que su intención era agotar la Legislatura. Para los dirigentes socialistas, el contundente veredicto del 22 de mayo no conlleva obligatoriamente el adelanto de las elecciones generales porque cuentan con los apoyos parlamentarios suficientes para aprobar los próximos Presupuestos y llegar a marzo de 2012. El reto lanzado ayer por el portavoz socialista en el Congreso al PP de que plantee una moción de censura es elocuente del enrocamiento en que se ha refugiado el PSOE tras la debacle. Desde el Partido Popular se reclama la convocatoria de elecciones generales porque entiende que el Gobierno ha sido censurado por la mayoría de los españoles. Sus argumentos son comprensibles y están fundamentados, de ahí que Soraya Sáenz de Santamaría reclamara ayer con acierto que el Ejecutivo se someta a una cuestión de confianza y verifique los apoyos parlamentarios con los que cuenta para terminarla Legislatura. Nada más congruente porque un Gobierno censurado en las urnas no es el más adecuado para devolver la confianza a los inversores, reactivar la economía y alejar las amenazas que se ciernen insistentemente sobre nuestra deuda soberana. Desde hace ya meses, venimos defendiendo la necesidad de un adelanto electoral, pues estamos persuadidos de que sólo un cambio radical de gestores permitirá abordar con garantías las reformas económicas, dinamizar el crecimiento y rescatar el prestigio internacional. Hoy esa certeza es aún más fuerte, porque nada es tan lesivo para el interés general que esa sensación de interinidad que vive el país. Si a ello sumamos que el PSOE se enfrenta a una guerra intestina de incierto desenlace, parece claro que lo más conveniente es el adelanto electoral y que el PP se encargue de la ingente tarea de reconstruir la economía, como ya hizo a finales de los años 90. El gran éxito electoral cosechado por el partido de Mariano Rajoy le faculta y le legitima para asumir sin demora la responsabilidad de gobernar la nación. Pero si el Gobierno socialista se encastilla ante la evidencia, está obligado a seguir cumplir sus responsabilidades inaplazables. Hay diez meses vitales por delante que pueden ayudar a sentar las bases de la recuperación o complicarla todavía más. Los socialistas no pueden ni deben equivocarse porque hay demasiado en juego. Si pretenden permanecer al frente de la gestión, su única prioridad debe ser la culminación del proceso de reformas en la línea de lo planteado por nuestros socios comunitarios. Con cinco millones de parados, un tímido e insuficiente crecimiento, el frenazo del crédito y el estancamiento en el consumo, lo inaplazable es acelerar y culminar las medidas estructurales pendientes, que son la mayoría, y actuar con decisión y profundidad sobre el mercado laboral y el sistema financiero. España no puede perder diez meses, ni siquiera uno, y ello está únicamente en manos del Gobierno socialista, de su capacidad para primar de forma exclusiva el interés general y olvidarse del partidista. No se entendería que malgastara un año, y que, en vez de consolidar las reformas que necesitamos, utilizara el poder para ponerlo al servicio del partido y promocionar su nueva cabeza de cartel.