Mas perderá 50 millones tras frenar los minoritarios la ley de acompañamiento

BARCELONA– El Govern de CiU no podía ocultar ayer su irritación por la decisión de ICV, Ciutadans y Solidaritat de llevar la ley de acompañamiento de los presupuestos al Consejo de Garantías Estatutarias, impidiendo de esta manera que el Parlament pueda aprobarla hoy, tal y como estaba previsto. La Generalitat interpreta que con esta maniobra los grupos minoritarios de la oposición han «roto» una norma no escrita del parlamentarismo –la de no impugnar una ley de este calado– con el simple objetivo de retrasar su aplicación. Lo más grave, destacó el Govern, es que esta demora –de un mes aproximadamente– tendrá un coste para las finanzas públicas de unos 50 millones de euros.
La ley de acompañamiento introduce las principales novedades recaudatorias de la Generalitat (tasa turística, copago farmacéutico, aumento del impuesto sobre actos jurídicos documentados, incremento del canon de agua y subida del impuesto sobre hidrocarburos, entre otros) y, además, establece varias medidas para reducir los costes del personal de la función pública. En suma, es uno de los principales mecanismos del Govern para incrementar sus ingresos y disminuir sus costes de cara a lograr su objetivo de un déficit del 1,3 por ciento.
El portavoz del Govern, Francesc Homs, tachó la maniobra de ICV, Ciutadans y Solidaritat de «filibusterismo parlamentario». En la misma línea se expresó el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, que acusó a los recurrentes de «obstruccionismo». Según Turull, «o último que les interesa saber a estos grupos es sí realmente la ley de acompañamiento se adecúa o no al Estatut y a la Constitución».
De los 50 millones de euros que Economía estima que costará este retraso de un mes, 30 millones corresponden a la demora en la aplicación de las nuevas tasas incluidas en esta ley y otros 20 millones al retraso en la aplicación de los ajustes en materia de personal adoptados por el Govern.
A buen seguro, la tensión de CiU con estos grupos se trasladará al debate para la aprobación de los presupuestos que hoy se celebra en el Parlament. Los convergentes explicaron que hicieron un esfuerzo hasta el último instante con Solidaritat para impedir que recurrieran al Consejo de Garantías Estatutarias. «Le avisamos, dado que es un grupo nuevo en la cámara, que hay una serie de normas no escritas que siempre se habían respetado», explicó Turull. Pero el representante de Solidaritat, Alfons López Tena, dijo sentirse «muy orgulloso».

El proceso del dictamen
La petición
Son necesarios dos grupos para pedir al Consejo de Garantías Estatutarias que examine la adecuación a la Constitución y al Estatut de un proyecto de ley. En este caso, lo han reclamado ICV y el grupo mixto, que forman Ciutadans y Solidaritat.
Los plazos
El organismo puede tardar alrededor de un mes en permitir que el proyecto pueda volver al pleno para su votación.
Sin vinculación
El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias no tiene en este caso un carácter vinculante. Es decir, que el Govern puede ignorarlo aunque los recurrentes cuentan a favor con argumentos de peso de orden político y también jurídico.