Destapan en Casares una red de blanqueo y detienen al ex alcalde

MÁLAGA- El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad malagueña de Estepona ordenó ayer la detención de al menos cuatro personas por su presunta implicación en una supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio de Casares, entre ellas el ex alcalde Juan Sánchez (IU) y su esposa.

La causa, que comenzó a investigarse a finales de 2010 y se encuentra bajo secreto de sumario, investiga posibles delitos de blanqueo de capitales, prevaricación urbanística, cohecho y contra la Hacienda Pública, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la investigación.

Durante toda la jornada de ayer y desde primera hora de la mañana, los agentes encargados de la investigación practicaron registros en el Ayuntamiento –que permaneció cerrado al público–; en la vivienda del ex regidor, y en el despacho de un abogado de Estepona, que se encuentra entre los detenidos.

En el marco de la operación, coordinada por la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, se han bloqueado 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos.

En el desarrollo de la misma interviene la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol, dependiente de la Policía, y el Equipo de Delitos Urbanísticos del Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial del Instituto Armado.

Los hechos tienen su origen en una denuncia presentada por el PSOE en el año 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto carácter ilícito de varios convenios urbanísticos rubricados por el Ayuntamiento de Casares, presidido por Sánchez. El Consistorio costasoleño dio luz verde supuestamente el 14 de diciembre de 2004 a la adjudicación de obras sin concurso y la enajenación de tres fincas públicas, sin la correspondiente subasta, a la promotora Majestic Construction and Development.

Según los cálculos efectuados por el PSOE, se habría producido un fraude al patrimonio público equivalente a 3,3 millones de euros, al tasarse el metro cuadrado de techo por un valor cinco veces por debajo del real para este sector del municipio.

La actual alcaldesa de Casares, Antonia Morera, confirmó que se ha requerido información relativa a la citada promotora y relacionada con la construcción de una urbanización en Casares Costa, y dijo estar «muy tranquila» ante la investigación. En ese sentido, quiso tranquilizar a los vecinos del municipio, cuyo censo es de algo más de 5.300 habitantes, «a quienes daremos explicaciones cuando esto acabe», mantuvo.

Sánchez fue alcalde de la localidad malagueña entre los años 1979 a 2009, salvo el mandato 1995 a 2000 en que el municipio estuvo gobernado por Francisco Herrera, del Grupo Independiente Liberal (GIL).

En marzo de 2009 decidió renunciar al cargo de regidor para dedicarse en exclusiva a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, institución que presidió durante los mandatos 2003 a 2007 y 2007 a 2011.

Tras los comicios de mayo de 2011, Izquierda Unida perdió el gobierno de la organización supramunicipal en favor del Partido Popular y, en la actualidad, Sánchez era únicamente concejal del municipio casareño, y ostentaba las delegaciones de Relaciones Institucionales, Cooperación y Vivienda.

Dos meses después de abandonar la Alcaldía fue denunciado por la Fiscalía de Medio Ambiente por no ejercer competencias urbanísticas, si bien, un año después, el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona decretó el sobreseimiento provisional de la causa.

Reacciones
El coordinador provincial de IU –socio de gobierno del PSOE ahora en la Junta–, José Antonio Castro, expresó su «sorpresa» tras conocer la operación policial y avanzó respecto de Sánchez que «es incompatible» la pertenencia a la federación con la imputación de «una serie de delitos, tal y como recoge nuestro código ético». El también portavoz actual de IU en el Parlamento andaluz insistió en que desde la coalición «seremos coherentes». Por su parte, el presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, dependiente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, lamentó la «mala imagen» que proyecta del destino este tipo de actuaciones policiales.