Hipotecas: medidas urgentes

Los desahucios se han convertido en el termómetro más dramático de las consecuencias de la crisis económica. Aunque el fenómeno se repite en casi toda Europa y en los Estados Unidos, las peculiaridades del sistema hipotecario español, combinadas con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el paro galopante, han agudizado el problema hasta crear una verdadera alarma social. Como se sabe, en nuestro país, los préstamos hipotecarios se conceden con la doble garantía del valor de la vivienda, más el compromiso del deudor de responder con todos sus bienes, presentes o futuros, hasta saldar el total de la deuda. Había, pues, que tomar medidas urgentes, las que no adoptó el anterior Gobierno socialista para enfrentar un proceso que, desafortunadamente, no hará más que agravarse si se confirman las previsiones más pesimistas de los técnicos inmobiliarios, que calculan en unos 80.000 millones de euros el volumen del crédito hipotecario dudoso concedido en España, que las entidades bancarias se verán obligadas a refinanciar en los próximos años. Como elemento de comparación, desde 2008 se han incoado unos 350.000 procedimientos de desahucio, de los que se han ejecutado poco más de la mitad.
En esta línea, la Asociación Española de Banca anunció ayer la paralización, durante dos años, de los lanzamientos hipotecarios en aquellos casos de deudores que se encuentren en situación de extrema necesidad. Pero a expensas de las medidas de igual tenor que acuerden el Gobierno y el principal partido de la oposición, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene intención de aprobar por la vía de la máxima urgencia el próximo Consejo de Ministros; se impone abordar una reforma en profundidad de la Ley hipotecaria española que, como se ha denunciado desde el propio Consejo General del Poder Judicial, data de finales del siglo XIX, es, por lo tanto, preconstitucional y consagra una asimetría de derechos y obligaciones entre el deudor y el prestamista, siempre a favor de este último. Con el agravante de que impide a los jueces tomar decisiones ajustadas a las condiciones de cada caso, de manera individualizada.
Esa reforma legislativa no puede esperar mucho tiempo más, pero tampoco debe ser fruto de presiones coyunturales si no se quiere que las futuras concesiones de créditos hipotecarios se conviertan en un imposible, por un exceso garantista, para los futuros aspirantes a la adquisición de una vivienda en propiedad. En Europa conviven varios modelos que se pueden estudiar, aunque lo deseable es que el Gobierno y la oposición trabajen juntos y sin reservas partidistas para alumbrar una nueva ley que se adapte como un guante a nuestras necesidades. Todas las demás medidas, aunque bienvenidas por lo urgente de la situación, no dejan de ser un parche.