Zapatero rechaza un impuesto directo sobre los bancos

Y algo de cierto hay en ello porque no se explica que un día el ministro de Trabajo culpe a la Banca de todos los males de la economía española, unas horas después le enmiende la plana la vicepresidenta primera, y al día siguiente el presidente salga al auxilio de las entidades financieras. Y lo mismo ocurre con el debate sobre nuevos impuestos a la Banca. Hay quien urge a ello en el PSOE y hay quien no sólo recela, sino que cree que hay que huir de semejante propuesta.

Así, en contra de lo que sostiene un importante sector del socialismo, Zapatero descartó ayer la creación de un impuesto específico sobre las entidades financieras al tiempo que recordó que ya existe un «gravamen directo» a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Lo dijo durante la sesión de control en el Congreso y en respuesta a una pregunta de la diputada de ICV, Nuria Buenaventura, quien planteó esta propuesta, que ya aplican autonomías como Andalucía y Extremadura, gobernadas y que ha sido defendida en los últimos días por los secretarios generales del este partido en Madrid y Castilla-La Mancha.

El presidente del Gobierno dijo además que en el último ejercicio fiscal, la Banca había aportado un 14,4 por ciento del total de la recaudación del Impuesto de Sociedades, aun siendo su participación en el PIB menos de la mitad de esa cifra, de un 6,6 por ciento. Y añadió que las ayudas públicas y la compra de activos a la Banca, además de no haber tenido ningún coste para el erario público, habían permitido al Estado ingresar «más de 3.500 millones de euros».

Lo que sí ha apoyado el jefe del Ejecutivo es la creación de un gravamen a nivel internacional sobre las transacciones financieras para introducir transparencia y control sobre el sistema financiero, una tasa indirecta que, además, Zapatero ha defendido desde 2010 en todos los foros internacionales, incluido el G-20. Sus explicaciones no convencieron a Buenaventura, que señaló que este impuesto permitiría –con un gravamendel 0,5 por ciento de las ganancias–, rebajar el déficit público sin recortar gastos sociales. Sería, a su juicio, no sólo una cuestión económica, sino también política para responder a los miles de indignados por la crisis generada por la especulación financiera.