Bruselas pide a la UE un paquete de medidas de 200000 millones

Bruselas- El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, destacó ayer que el precio del «plan de recuperación económica» para la UE asciende a unos 200.000 millones de euros, equivalentes al 1,5% del PIB de los Veintisiete. De esta cuantía, 170.000 millones de euros serán aportados por los Estados miembro de la UE, a través de recortes fiscales e inversiones públicas, pero también de los desempleados y los consumidores. Los restantes 30.000 procederán de los distintos Fondos comunitarios. El proyecto, que ya se había dado a conocer el pasado martes, fue aprobado ayer por la CE pero aún tiene que recibir el visto bueno de los líderes de los Veintisiete, reunidos en la cumbre de Bruselas el 11 y el 12 de diciembre. Con este enorme «estímulo fiscal», que tendrá carácter «temporal», Bruselas se plantea relanzar de forma inmediata el crecimiento económico de la UE. Según explicó Barroso, la mayor parte de las medidas previstas por este plan se pondrán en marcha a principios de 2009, pero algunas de ellas continuarán aplicándose hasta 2010. En todo caso, se tratará de medidas nacionales, aunque «coordinadas» a nivel comunitario, y, en principio, coherentes con la estancada Estrategia de Lisboa, que la UE adoptó en el año 2000 para impulsar el crecimiento y el empleo, basándose, entre otras cosas, en la innovación. Los mayores beneficiarios de este plan serán las empresas que desarrollen nuevas tecnologías, y, sobre todo, las que protejan el medioambiente. A este tipo de compañías, los gobiernos de los distintos países de la UE podrán otorgarles beneficios fiscales específicos, así como garantías públicas sobre los préstamos bancarios gracias a una derogación temporal a las normas comunitarias de ayudas de Estado. En España, esta posibilidad debería, en principio, impulsar una recuperación en el sector de la construcción, ya que el plan europeo permite rebajas fiscales, e incluso inversiones públicas, para la reforma de edificios conforme al objetivo comunitario de la eficiencia energética. Gracias a otra derogación, los Estados de la UE podrán garantizar el endeudamiento de cualquier pequeña o mediana empresa que tenga dificultades a la hora de lograr un crédito bancario. De acuerdo con el plan, los gobiernos nacionales también estarán autorizados a invertir capital público en infraestructuras (en primer lugar, las interconexiones energéticas y las redes de banda ancha), así como para el fomento de las propias Pymes. El conjunto de estas medidas quiere, asimismo, impulsar la creación de nuevos empleos para contrarrestar el fuerte incremento del paro. Para ello, el plan incluye el gasto adelantado de una parte de los fondos estructurales comunitarios para cofinanciar la rehabilitación o la formación profesional. Por su parte, los trabajadores deberían beneficiarse (indirectamente) de una rebaja de las cotizaciones sociales, que Bruselas propone para estimular el consumo al por menor. A favor del empleo y del consumo, Bruselas aconseja, además, recortes del IVA sobre los servicios que proporcionan mayor empleo, como la restauración. Barroso dio a entender que la CE incluso valora positivamente la reducción del tipo general del IVA (del 17,5 al 15%) decidida en Reino Unido. En cuanto a España, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, afirmó ayer que el país «necesita impulsar la demanda interna» y «dar solidez a sectores que han demostrado fragilidad, como el de la vivienda». Sostuvo que la economía española está atravesando un período «particularmente difícil» por la crisis en el sector inmobiliario, que «añade problemas a los que ya tenemos en general en todos los países europeos por la situación del sistema financiero y la falta de crédito». «Además - añadió el comisario europeo - España tiene un desequilibrio en su cuenta corriente con el exterior y, en momentos en que financiar actividades es difícil, financiar deuda en el exterior es todavía más complicado». Almunia advirtió, asimismo, de que la aplicación del plan no supone una suspensión del Pacto de Estabilidad, y, por tanto, la Comisión Europea abriría procedimiento contra aquellos países cuyo déficit rebasara el límite del 3% del PIB, a menos que se trate de un exceso «temporal» y cercano a este valor de referencia, es decir, de tan sólo unas décimas. Bruselas prevé que España tendrá un déficit del 3,2% en 2010. De acuerdo con Almunia, el éxito o el fracaso del plan de recuperación propuesto por la CE «se tiene que medir en términos de crecimiento y de puestos de trabajo». El comisario no descartó que, al no cumplirse estos objetivos, en 2009 haga falta «adoptar otro tipo de medidas, todavía más duras y más exigentes».