Cataluña rechaza Cercanías pero logra 4300 millones para infraestructuras

La Razón
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barcelona- Tres horas y media de reunión no resultaron suficientes para que Gobierno y Generalitat cerraran ayer un mínimo acuerdo sobre el traspaso de la red de Cercanías a Cataluña. Ni si quiera pactaron el calendario. Tal y como aseguró el conseller de Relaciones Institucionales, Joan Saura, al salir de la reunión, la falta de consenso sobre las Cercanías de Renfe empañó el resto de compromisos adoptados.

La comisión bilateral Estado-Cataluña concretó el traspaso de competencias en inmigración, comunicación electrónica, gestión y ordenación del litoral y, en el campo de la educación, la homologración y gestión de títulos extranjeros de enseñanzas no universitarias. Sin embargo, el eje central del encuentro era intentar cerrar un mínimo acuerdo sobre la cesión de la red del Cercanías.

El Gobierno catalán había elevado a la máxima importancia este punto, sobre todo los socios de ERC, que llamaron de todo menos guapo al Ejecutivo de Zapatero al conocer la propuesta del traspaso de Cercanías que éste puso sobre la mesa y que la Generalitat acabó rechazando. Saura, el negociador que envió el Gobierno catalán, explicó en rueda de prensa después de la reunión que la propuesta del Ejecutivo socialista «no nos pareció suficiente para solucionar los problemas que sufren los ciudadanos catalanes y que se han hecho más que evidentes en los últimos meses».

Consideró que el traspaso «debe hacerse con una inversión suficiente para responder al reto de los Cercanías», algo que, por ahora, «no se cumple», aseguró. Como iba acompañado de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, el conseller fue políticamente correcto. Éste no fue el caso de ERC.

Desde Edimburgo, el vicepresidente de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, sentenció que «las condiciones del traspaso son inaceptables». Denunció que mientras «la derecha española ha presentado recursos contra el Estatut, la izquierda mantiene una resistencia centralista para desplegar la ley». Llegó a advertir de que «podemos llegar a una situación de colapso estatutario que no sería positiva para Cataluña ni para la estabilidad democrática de España».

En un intento de poner paz, desde los socialistas catalanes, Miquel Iceta valoró «positivamente» los acuerdos, entre ellos, la inversión de 4.365 millones de euros para los próximos siete años.