El apoyo a la huelga se extiende por los juzgados de toda España

Las juntas autonómicas de Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha y provincias como Madrid, Barcelona, Granada o Castellón respaldan el paro del 18-F. La reunión con Bermejo del lunes, clave.

Más madera al fuego. Si hasta ayer sólo eran los jueces de Murcia, Extremadura y Zamora los que consideraban que había razones más que suficientes para protagonizar el 18 de febrero la primera huelga judicial de España, ayer se les sumaron los de Madrid, Barcelona, Lugo, Castellón, Ibiza, Castilla-La Mancha, Gerona, Soria, Málaga, Granada, Tarragona, Sevilla, Alicante, La Coruña, Getafe (Madrid) y Béjar (Salamanca).
Y otras juntas de jueces, como las de Palencia, Valencia , Almería o Córdoba decidieron supeditar su decisión a los resultados de la reunión del próximo lunes entre el ministro Fernández Bermejo y las cuatro asociaciones judiciales. Con ello, el horizonte que se le avecina al titular de Justicia se oscurece por momentos.
Sin embargo, ¿quiere ello decir que se llevará a cabo inexorablemente esa histórica medida de presión judicial para protestar por la situación que atraviesa la Administración de Justicia y exigir soluciones? No. Al menos, en un principio.
Lo que los jueces han acordado ha sido tensar más la cuerda y obligar al ministro Bermejo a cambiar sus críticas al colectivo judicial por un mensaje radicalmente distinto. Y no sólo eso, sino que, además, va a tener que asumir públicamente que las reivindicaciones de los jueces, al menos en su mayoría, son justas y legítimas. Y todo con un calendario cerrado y con fechas concretas sobre la mesa.
Éste es el sine qua non de los jueces para evitar que el ministro Bermejo tenga que soportar la primera «huelga de togas» en la historia de España. Y en este tablero, la fecha del próximo 26 se prevé clave y decisiva de cara a las próximas movilizaciones de jueces y magistrados. Ese día se reunirán en la sede del Ministerio de Justicia las cuatro asociaciones, con su tabla de reivindicaciones bajo el brazo, con el ministro Bermejo.
Del resultado de la misma dependerá que la huelga del 18-F siga adelante, incluso con más apoyos de los expresados hasta ahora, o de que esa «amenaza» se aplace, al menos, al 26 de junio. «Si no hay una respuesta convincente, la huelga se podría generalizar», señaló al respecto uno de los representantes judiciales.
Así, por ejemplo, los jueces de Zamora mantienen la adhesión a la jornada de huelga del día 18, pero se pospone la convocatoria formal de la misma «a resultas de los avances de la reunión entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales». En el mismo sentido, la Junta Autonómica de Murcia mantiene la jornada de paro para febrero, pero aplaza al 28 de enero la votación para decidir si se convoca formalmente, «a resultas» de la citada reunión del próximo lunes entre Justicia y asociaciones.
Especialmente llamativo, por la repercusión e incidencia que puede tener, es lo sucedido en Madrid y Barcelona. En la primera de ellas, por una «amplia mayoría», los jueces respaldaron el 18-F como medida de presión para que Justicia y Consejo General del Poder Judicial acepten sus reivindicaciones.
La propuesta de sumario a la huelga convocada por Murcia, Extremadura y Zamora contó con el respaldo de 103 votos a favor, 18 en contra y tres en blanco. Entre asistentes y votos delegados, estuvieron presentes algo más de 200 de los 266 jueces y magistrados de órganos unipersonales.
La decisión final se adoptó por una amplia mayoría de los 140 que acudieron a la asamblea que se convocó tras la junta previamente celebrada. Sin embargo, el decano de los jueces, José Luis González Armengol, también dejó claro que «un buen acuerdo» entre Ministerio y jueces podría derivar en un cambio de criterio.
En Barcelona, los titulares de los órganos unipersonales acordaron apoyar la huelga de febrero para exigir más recursos materiales, humanos y económicos, por 115 votos a favor y 107 en contra.
En todo caso, hay que reseñar que quienes han apoyado la huelga son las juntas de jueces unipersonales de las citadas provincias, mientras que los órganos colegiados, principalmente las audiencias provinciales, han rechazado la opción de un paro judicial el próximo mes de febrero. Unidad y división Donde no hubo división fue en el respaldo prácticamente unánime a la tabla de reivindicaciones de las asociaciones y a la convocatoria de una jornada de protesta el 18-F.
Esa jornada constará de tres puntos esenciales: concentración de diez minutos a las puertas de los edificios judiciales más emblemáticos -jueces y magistrados estarán sin togas-, rueda de prensa en Madrid de los portavoces de las asociaciones y día de puertas abiertas para que ciudadanos y medios de comunicación conozcan de primera mano la situación de la Justicia. Y ello, «sin descartar» nuevas medidas de presión.