El Consejo Fiscal «tumba» el aborto libre hasta la semana 14 semanas

El Consejo Fiscal propinó ayer un duro varapalo al anteproyecto de reforma de la Ley del Aborto. Testimonial, si se quiere, porque su informe –aunque necesario para comenzar la tramitación parlamentaria de la normativa–, no es vinculante; pero tremendamente revelador de los riesgos que asume el Gobierno si continúa adelante con el texto normativo propuesto. El órgano consultivo del fiscal general del Estado aprobó su dictamen por los pelos, con seis votos a favor y cinco en contra (entre ellos los de los tres fiscales progresistas y el del propio Cándido Conde-Pumpido) y el documento cuestiona abiertamente el anteproyecto que se debatirá en el Congreso.En primer lugar, considera inconstitucional la posibilidad de que se permita el aborto libre durante las primeras 14 semanas de gestación con el único requisito de que la mujer sea informada por escrito de las ayudas públicas de apoyo a la maternidad (artículo 14 del texto). Los fiscales recuerdan que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) deja claro que «la vida humana en formación es un bien que constitucionalmente merece protección». Y en su opinión, en una ley de plazos el derecho a la vida del no nacido queda «absolutamente desprotegido».El anteproyecto, añade, «no cumple con el deber de establecer un sistema legal para la defensa de la vida del nasciturus» pues durante las primeras 14 semanas la petición de la embarazada «es suficiente» para que se practique un aborto. La voluntad de la mujer, por tanto, aparece en este supuesto «como absoluta frente al valor de la vida en el nasciturus, en contra de los postulados constitucionales». Si la vida del no nacido no puede considerarse un derecho fundamental, argumenta, menos aún el de la madre a abortar durante esas primeras 14 semanas de gestación, aunque el anteproyecto «lo configura como si de un derecho fundamental se tratase».En este caso, concluye, se trata la interrupción del embarazo «con la naturalidad propia de una medida más de planificación de la reproducción», algo que en su opinión no resulta jurídicamente aceptable. Consentimiento paternoOtro de los puntos más conflictivos del anteproyecto, el que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin necesidad del consentimiento paterno, también es censurado por el Consejo Fiscal. Tal y como adelantó ayer LA RAZÓN, para el órgano consultivo de la Carrera, lo más oportuno sería que en estos casos los padres «deban ser informados de la situación de su hija y su opinión sea tenida en cuenta para la toma de decisión por quien corresponde: la menor».Los fiscales no consideran «razonable» que una decisión tan importante en la vida de la menor y que puede, además, acarrearle graves secuelas psicológicas, sea adoptada por sus padres, por lo que optan por esa fórmula intermedia que el texto propuesto no contempla.De hecho apuestan por dejar «constancia expresa» en la normativa del derecho de los padres «a conocer la situación de embarazo de su hija menor de edad», hasta el punto de que tal requisito debe exigirse para que los médicos puedan practicar el aborto. Respecto a la interrupción del embarazo por causas médicas (riesgo para la salud de la mujer o graves anomalías en el feto) hasta la semana 22 de gestación, el informe mantiene que ese límite temporal aportará «como mínimo, una mayor seguridad jurídica». Y aunque declara constitucional el precepto, despenalizar el aborto en caso de «graves taras físicas o psíquicas del feto» colisiona con la convención internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad de diciembre de 2006. Comité clínicoOtro de los reparos que establece el Consejo Fiscal en su dictamen es el referente al artículo 15 del anteproyecto, en el que se excluye de este organismo encargado de valorar si concurren los requisitos médicos para abortar a «quienes se hayan manifestado contrarios a la práctica» del aborto.En opinión de los fiscales, esta prohibición es «de difícil encaje constitucional» porque, recalcan, también podría aplicarse, en sentido contrario, a los que se encuentran «en el polo opuesto» (los partidarios del aborto libre). En consecuencia, el Consejo Fiscal propugna su supresión del anteproyecto que debatirán en el Parlamento.

Pumpido también enviará a justicia su texto alternativoEl informe del Consejo Fiscal se aprobó ayer con el voto contrario de los tres miembros de la Asociación Progresista de Fiscales, del fiscal general del Estado y del teniente fiscal del Tribunal Supremo, que defendían el texto propuesto por la Secretaría Técnica que finalmente no salió aprobado. Vacante el cargo de fiscal jefe de la Inspección (su titular es otro de los miembros natos del consejo), la balanza se inclinó del lado de los fiscales de la mayoritaria Asociación de Fiscales. De todas formas, Cándido Conde-Pumpido no sólo remitirá al Ministerio de Justicia el informe aprobado, sino también el que defendía y no obtuvo el respaldo mayoritario. En una nota de prensa, la Fiscalía General del Estado aseguró ayer, tras la celebración del Consejo, que «los textos definitivos de ambos informes se facilitarán mañana (por hoy) una vez añadidas las modificaciones realizadas». Lo que sin embargo obvia la nota de la Fiscalía es que el dictamen aprobado es el que defendían los vocales de la Asociación de Fiscales, por lo que el texto suscrito por los otros cinco vocales tiene el carácter de «un voto discrepante», según recuerdan fuentes fiscales de la asociación mayoritaria.ANÁLISIS: Los puntos más polémicos del anteproyecto- ¿Cuál ha sido el punto más criticado de la futura Ley del Aborto?–La posibilidad de que las menores, a los 16 años, aborten sin el consentimiento ni el conocimiento de sus padres. La ministra Aído defiende esta cláusula porque a los 16 años se puede decidir sobre intervenciones médicas. Pero incluso en el seno del PSOE, se han oído críticas. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José María Barreda y José Blanco son sólo algunos de los cargos socialistas que no entienden esta iniciativa. «Si no puede votar, no puede abortar», llegó a decir el ex presidente extremeño.- ¿Qué otros puntos han generado polémica?–Sobre todo, los célebres «plazos». Al permitirse el aborto sin aducir ninguna justificación hasta las 14 semanas de gestación se produce un cambio sustancial: lo que era un delito despenalizado en ciertos supuestos se convierte en un derecho. Los expertos dudan de la constitucionalidad de la ley de plazos para interrumpir el embarazo.