El Constitucional rechaza el recurso de Aragón contra el estatuto valenciano

El Tribunal Constitucional echó un jarro de agua fría a las aspiraciones de Aragón en materia hidrológica.

La Razón
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Valencia- La Generalitat Valenciana, Les Corts Valencianes y los valencianos recibieron ayer una gran noticia cuando la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, comunicó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que había rechazado por siete votos a cinco el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en vigor desde el 11 de abril de 2006, respecto al artículo 17.1 que señala el derecho para los valencianos a que se redistribuyan los sobrantes de las cuencas hídricas excedentarias.

El presidente de la Generalitat agradeció la comunicación en nombre de todos los grupos parlamentarios que aprobaron por consenso total el texto de la Carta Magna de la Comunitat y también en nombre de todos los valencianos.

Los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas, todos ellos adscritos al llamado sector conservador, han anunciado votos particulares discrepantes con la sentencia, que se notificará en los próximos días.

Queda por resolver el recurso presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en relación al mismo artículo, que dice textualmente: «se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente, se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal».

El Pleno del Tribunal Constitucional intentó buscar la unanimidad de los magistrados en la sentencia y así elaborar una doctrina para todos los estatutos implicados en la calificada como guerra del agua. Este Pleno, que estudia los dos recursos está integrado por todos los magistrados del Constitucional y lo encabeza la presidenta, María Emilia Casas. Las deliberaciones comenzaron el 8 de octubre y fue ponente la magistrada progresista Elisa Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad. La segunda ponencia, la del recurso de Castilla-La Mancha corresponde al magistrado conservador Javier Delgado Barrio.

Las posiciones de partida sobre la sentencia estaban divididas en los dos bloques habituales: seis conservadores contrarios a la ponencia frente a los seis progresistas, incluida la presidenta, que respaldan el texto de Pérez Vera, favorable a la constitucionalidad del Estatuto valenciano. Uno de los conservadores ha modificado su posición y ha votado a favor de la constitucionalidad.

El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por los Gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha contra el Estatuto de la Comunidad Valenciana. Asimismo, dio traslado de los mismos al Congreso, al Senado y al Gobierno central, así como al Ejecutivo y a las Cortes Valencianas para que en el plazo de quince días pudieran presentar alegaciones.

El Ejecutivo aragonés formalizó su recurso en julio. Tanto la Diputación General de Aragón como sus Cortes consideraban que el precepto denunciado efectúa implícitamente una reclamación del aguas del Ebro que consideran ilegal, ya que la planificación hidrológica es una competencia de ámbito estatal. Los estatutos de autonomía tienen rango orgánico, superior a los de la Ley de Aguas y el Plan Hidrológico.

Para ello se basaban en la opinión de algunos expertos que señalaban que el derecho al agua no está reconocido como tal, lo que pondría en duda la constitucionalidad al otorgar a La Comunidad Valenciana el derecho a los recursos hídricos excedentes de otras cuencas.

La reforma del Estatuto de Autonomía valenciano removió la polémica hidráulica tras haberse derogado en junio del 2004 el trasvase del Ebro.