El Estado rescata una Caja vacía

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Con su intervención por parte del Banco de España, Caja Castilla La Mancha (CCM) se convierte en la primera entidad financiera española que cae víctima de la crisis económica, pero también de una gestión errónea en la que ha faltado rigor profesional y han sobrado intereses políticos. Un Consejo de Ministros extraordinario decidió ayer, domingo, respaldar la decisión del Banco de España con un aval de hasta 9.000 millones de euros para garantizar su liquidez. El fiasco de la Caja manchega, cuyo desenlace era vox populi en el mundo financiero, parece un caso aislado en la Banca española, que goza de sólido prestigio internacional. Solbes lanzó ayer un mensaje de tranquilidad y aseguró que el dinero de los depositantes está asegurado. La difícil situación de CCM, gobernada por los socialistas desde su creación hace 17 años, se agravó a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, sector en el que había realizado más inversiones de las que aconsejaba la prudencia, lo que le habría provocado un agujero de 3.000 millones de euros. Además, a consecuencia de la desconfianza generada durante los últimos meses entre su millón de clientes, sufrió una fuerte hemorragia de depósitos, que rondaría los 2.000 millones de euros, según fuentes sindicales. Entre un quebranto y otro, la entidad habría acumulado tal volumen de compromisos que, unidos a su falta de liquidez, hacían inviable su supervivencia. Ante esta crítica situación, sus directivos, encabezados por el destacado dirigente del PSOE Juan Pedro Hernández Moltó, que colocó José Bono, trataron de evitar la actuación estatal mediante una fusión con la andaluza Unicaja. Pero ni siquiera los fuertes intereses de partido que estaban en juego ni los avales que ofrecía el Banco de España han sido suficientes para evitar la primera intervención de un banco desde 1993, cuando el Gobierno de Felipe González hizo lo propio con el Banesto de Mario Conde. Por elementales razones de prudencia, tanto el ministro de Economía como la vicepresidenta De la Vega enviaron ayer un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, los impositores, los acreedores y los mercados financieros en general. Solbes, incluso, se esforzó por presentar la operación como una simple inyección más parecida a un préstamo que a una intervención estatal en toda regla. Sin embargo, y aunque por su tamaño y volumen CCM ocupa un discreto puesto en el ránking financiero, la decisión tomada por el Banco de España obliga al Gobierno a dar cumplidas explicaciones en el Congreso y a responder a ciertos interrogantes que desde hace meses inquietan a los ahorradores y a los circuitos financieros. Es verdad que gracias a los mecanismos de control de que dispone el Banco de España nuestro sistema bancario goza de prestigio internacional. Pero también es verdad que dada la naturaleza de las Cajas españolas, en las que el componente político tiene un peso determinante, se impone un esfuerzo añadido de transparencia y una información rigurosa. El caso de CCM es paradigmático de cómo intereses espurios pueden interferir en la buena marcha de una entidad que gestiona el dinero de cientos de miles de ahorradores. Y de ello deberán responder sus responsables ante las instancias pertinentes, pues es el dinero de todos los españoles el que está en juego. Por otro lado, el Gobierno sabía, desde hace muchos meses, incluso antes de las elecciones generales, de algunas entidades financieras en situación dudosa. Pues bien, ha llegado la hora de que rinda cuentas al respecto en el Congreso.