El Supremo incapaz de llegar a un acuerdo sobre Ciudadanía

Había mucho en juego y argumentos muy poderosos sobre la mesa. Por eso, al pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo le costó decidirse e hizo eterna su deliberación sobre la controvertida Educación para la Ciudadanía. Su misión ayer era zanjar el conflicto que la asignatura viene generando desde hace dos años y sentar jurisprudencia sobre una materia que ha motivado una riada de sentencias y resoluciones dispares y hasta contrarias entre sí. En definitiva, debían valorar si cabe la objeción de conciencia a Ciudadanía, la asignatura bandera de la reforma educativa socialista. Los 30 magistrados de la sala estuvieron siete horas y media deliberando y a última hora de la tarde decidieron aplazar hasta hoy su pronunciamiento. Los magistrados estuvieron analizando los recursos de casación presentados por la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que reconoció en marzo de 2008 el derecho de objeción de unos padres. También debatieron sobre los recursos de varias familias contra tres fallos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que desestimaron en febrero pasado que exista tal derecho en los casos respectivos. Pero la asignatura ha causado entre los magistrados la misma controversia que ha generado en la calle. Antes de que los jueces cerraran su reñida decisión, 65 plataformas de padres objetores hacían saber que agotarán todas las instancias judiciales si el Alto Tribunal no les daba la razón. Apuntaron que recurrirán al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La decisión del Tribunal Supremo es determinante porque unifica criterios de todos los tribunales sobre la asignatura. La batalla judicial que ha generado la asignatura empezó a hacerse visible cuando el TSJ de Andalucía fue el primero en pronunciarse sobre la asignatura. Lo hizo en contra de la materia con una sentencia pionera dictada el 4 de marzo de 2008 en respuesta al recurso de una familia de la localidad onubense de Bollullos Par del Condado. Miles de recursos En el último año hemos asistido a una riada de pronunciamientos que, si bien en unos casos daban la razón a los objetores, en otros se la quitaban con una variada argumentación. Hasta hoy, Educación para la Ciudadanía ha generado del orden de 2.000 recursos de objetores ante la Justicia, 300 resoluciones de los jueces dando la razón a los padres objetores, 29 sentencias contrarias a las demandas de los padres y 33 fallos que, aunque argumentaban a favor de los objetores, consideraban que había falta de pruebas.