El titular de Turismo balear se reunía con constructores

El consejero de Turismo y presidente de Unió Mallorquina (UM), Miquel Nadal, aseguró ayer estar «seguro» de que «no habrá cargos» contra él en el proceso judicial en el que está imputado y que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de los terrenos de Can Domenge, en la capital balear. «¿Me tocará la lotería? No lo sé; ¿El Mallorca ganará el domingo?, espero que sí; ¿Quien ganará: el Barça o el Madrid?, no les puedo contestar, gracias», ironizó Nadal en respuesta a las preguntas que le lanzaron los periodistas a su salida del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma.

El consejero compareció ante la magistrada María del Carmen González durante casi tres horas. «La declaración ha ido muy bien», indicó Nadal, mientras afirmaba que había respondido a «todas las preguntas» y que no tiene pensado dimitir de su cargo. Así, «supone» que dentro de dos años será candidato a la presidencia de la comunidad por UM.

La polémica firma

Satisfecho y contento, según él mismo señaló a su salida de los juzgados, Nadal compareció ayer, entre otras cosas, para explicar por qué figuraba su firma en el contrato de adjudicación de los terrenos de Can Domenge y, en este sentido, rechazó haber implicado a la actual presidenta del Parlamento balear, Maria Antonia Munar (UM).

Nadal, admitió ante la jueza que se reunió con un directivo de Sacresa, adjudicataria de los terrenos palmesanos, meses antes de que fuesen enajenados por 30 millones de euros, cantidad claramente inferior al precio del mercado del solar, aunque aseveró que no precisó al empresario «las bases de determinación del precio o si iba a ser concurso o subasta, pues lo desconocía».

La causa enjuicia la adjudicación, durante la pasada legislatura, de más de 52.000 metros cuadrados de terreno de un solar de Palma por 30 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sacresa Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Ferrá Tur. Una cifra que suponía la mitad de lo que ofrecía el querellante, el grupo de empresas del constructor catalán Núñez.