Hallan huesos calcinados en un centro de detención de la dictadura argentina

Miles de trozos de huesos humanos calcinados fueron hallados en uno de los centros clandestinos de detención que funcionaron durante la última dictadura argentina (1976-1983), informaron hoy fuentes oficiales.

Especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) encontraron los restos óseos humanos en el denominado Pozo de Arana, en la ciudad de La Plata (60 kilómetros al sur de Buenos Aires), unas dependencias policiales que se utilizaban como cárcel ilegal durante el régimen militar.
Miembros del equipo precisaron que fueron descubiertas en el lugar 15 fosas, cuatro de ellas con restos óseos con un alto nivel de cremación, lo que hará difícil identificar a quiénes pertenecen los huesos.
«Es un aporte enorme a la verdad el tener las pruebas de lo que ha sido un centro de detenidos», dijo a la prensa el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, al asistir al acto de presentación del informe de las excavaciones en el Pozo de Arana.
El Equipo Argentino de Antropología Forense trabajó entre febrero y septiembre últimos en el lugar y hoy presentó sus conclusiones ante el juez Arnaldo Corazza.
En una rueda de prensa, la secretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho, reveló que además de los «más de 10.000 fragmentos de huesos humanos calcinados» fue encontrado en el lugar un «paredón» con cerca de 200 impactos de bala, posiblemente utilizado para fusilamientos.
«Es la primera vez que en el país se encuentran enterramientos en un centro clandestino de detención», destacó la funcionaria, quien adelantó que pretende transformar el lugar en un «museo de la memoria».
El hallazgo de restos óseos corrobora testimonios judiciales de sobrevivientes del Pozo de Arana, que aseguraron que en ese centro clandestino las víctimas eran quemadas con neumáticos y combustible y luego las cenizas eran enterradas allí mismo.
Según cifras oficiales, 18.000 personas desaparecieron en la última dictadura militar argentina, aunque las organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.