Las cajas deben despolitizarse

La intervención estatal de Caja Castilla La Mancha (CCM) ha sido acogida con serenidad por sus clientes y acreedores, pero no tanto por los mercados financieros, que ayer sufrieron un sensible retroceso por la caída de los valores bancarios. Al mismo tiempo, se ha encendido la polémica sobre las causas reales que llevaron al Banco de España a hacerse cargo de CCM y mientras el ministro Solbes las atribuía a la mala gestión y a la crisis inmobiliaria, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barrreda, repartía las responsabilidades entre Unicaja, la entidad andaluza que rechazó la fusión, y una supuesta campaña de desprestigio contra la caja manchega que habría provocado la fuga de depósitos. Los partidos políticos, por su parte, no han desaprovechado la ocasión para exhibir su artillería de más grueso calibre.No puede decirse que el PP y el PSOE hayan reaccionado con la mesura y prudencia que exige una operación de estas características, de efectos tan volátiles e impredecibles. Cabe esperar que una vez disipada la polvareda, ambos partidos reflexionen sobre la necesidad de reformar el funcionamiento de las cajas de ahorro para hacerlas más seguras, más competitivas y menos vulnerables a los intereses políticos que lastran su gestión profesional. El caso de CCM debe ser el punto de partida para revisar el papel de las cajas en el sistema financiero español, del que suponen el 50%, clarificar sus estructuras y racionalizar sus mecanismos empresariales. Desde hace varios años, tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE vienen insistiendo a las autoridades españolas para que adecúen las cajas de ahorro a la ortodoxia bancaria y las alejen de la lucha ideológica, el favoritismo de partido y la tentación «regionalizadora». Si razonables eran esas recomendaciones antes, más lo son ahora en plena crisis financiera. Sin embargo, las últimas reformas de varios Estatutos de autonomía, lejos de potenciar las cajas como los actores más activos y competitivos del sistema bancario, las han uncido a los gobiernos regionales a modo de «bancos nacionales» para uso y disfrute de los gobernantes de turno. Ilustra muy bien esta tendencia intervencionista la frustrada fusión entre CCM y Unicaja, tuteladas y manejadas desde los respectivos gobiernos regionales como si no fueran entidades independientes; más que un asunto entre empresas pareció una transación entre Chaves y Barreda. Además, la crisis económica ha acentuado la tendencia a la concentración de las pequeñas cajas, lo que de inmediato desata las apetencias de los políticos que sueñan con tener «su» propio banco regional, la caja mágica que financiará todas sus aspiraciones. La hemeroteca está llena de episodios que así lo atestiguan y ayer se registró otro que demuestra la politización a la que se ha llegado, pues hasta el Gobierno de la nación ha recurrido al Tribunal Constitucional la reforma de Caja Madrid. Ha llegado el momento de que PP y PSOE se pongan de acuerdo en una reforma de la Ley de Cajas que salvaguarde a estas entidades de la voracidad política. Es necesario que el Banco de España asuma más competencias y tenga mayor poder de decisión en detrimento de los parlamentos autonómicos y los gobiernos regionales. De lo que se trata es de reordenar una parte vital del mercado financiero para que funcione según su propia lógica empresarial, estimule la competencia, beneficie a los consumidores y financie a los emprendedores. No les será difícil a PP y PSOE alcanzar el pacto: Rajoy ya pidió esto mismo en enero y Zapatero lo hizo a finales del pasado año. Pónganse, pues, manos a la obra antes de que la crisis lo haga por ellos, con desastrosas consecuencias.