Lifting electoral

El PSOE quiere recuperar a los votantes que han posibilitado a los «populares» lograr un empate técnico en las encuestas. Con el resultado de las elecciones municipales en la mano, los socialistas son conscientes de que sólo retuvieron al 66 por ciento de las personas que les apoyaron en 2004. Estos electores, con un perfil joven, religioso en algunos casos y de izquierda moderada, han escapado a los largo de la Legislatura, por la arriesgada y continuada apuesta de Zapatero en asuntos como el terrorismo, la Educación o la unidad territorial.

En la mitad de las provincias españolas el resultado no está definido, por lo que cualquiera de ellas puede inclinar la victoria electoral para uno u otro lado. Con este fin, el Gobierno va a hacerse una operación estética, un lifting total desde la cabeza a los pies, que reduzca su imagen extremista entre esas personas escurridizas. Desde hoy el mensaje será de «tranquilidad en lo económico, seguridad en lo social y serenidad en lo político». Una operación de marketing para conseguir mayor rentabilidad electoral, que no debe escandalizar a ningún purista ideologizado porque ya se sabe que el amor y en la guerra vale todo. Hay que emprender el camino de la moderación, pero sin que se note, porque durante toda la Legislatura el PSOE, imagen de la coherencia, la sensatez y el talante, ha tildado a los «populares» de radicales extremistas.

Es tiempo de envolverse en la bandera de España, de desear lo peor a esos etarras, que hace sólo unas semanas eran hombres de paz y que, de momento, están dando con sus huesos en la cárcel. Se trata de inocular amnesia en la ciudadanía, que no tiene acceso, ni ganas de acceder a las hemerotecas, y repetir machaconamente en los medios de comunicación que el Gobierno jamás ha negociado con la banda terrorista, que no ha hecho concesión alguna, que siempre ha estado luchando por su derrota, que el Pacto Antiterrorista lo rompió el PP, que la Ley de Partidos se ha aplicado cada vez que se ha podido y que si el PCTV y ANV están en las instituciones recibiendo dinero del erario público para financiar actividades terroristas, se debe a la imposibilidad de ilegalizarlos. Parece que ahora, en plena precampaña, se vislumbra alguna posibilidad de lograr su ilegalización, con las mismas bazas desechadas anteriormente. Pero se anuncia que este proceso durará al menos tres meses, casualmente el tiempo que falta para las elecciones generales, por lo que no se sabe si dará tiempo. Algunas mentes retorcidas malician que todo dependerá de cómo se porten los terroristas de aquí a las generales. Si no hacen demasiadas faenas al Ejecutivo, seguirán siendo legales; en caso contrario, dejarán de serlo como formación política, aunque los cargos electos continuarán en las instituciones durante toda la Legislatura municipal y autonómica.

También en el debate territorial insistirá el Gobierno en que nunca consentirán que España se parta en pedazos. A este discurso inexacto le ayuda el hecho de que el Constitucional ni se ha pronunciado ni se pronunciará sobre el Estatuto catalán y que el Plan ibarretxe es, de momento, un desideratum. Pero el Euribor y la inflación van a ser dos enemigos complicados de batir, porque contra ellos, no funciona el lifting electoral.