Revuelta médica en el colegio de los líos

El Colegio de Médicos de Madrid hace tiempo que dejó de ser noticia por sus actividades formativas, las reuniones científicas o el servicio a los colegiados. Sobre la institución colegial sobrevuela una bandada de asuntos turbios: desde una decena de demandas por distintos motivos, a presuntos pagos a una clínica propiedad del director de la Fundación. Ante las denuncias de irregularidades, destacados representantes del sector sanitario han alzado sus voces para que una auditoría deje las cuentas claras. A principios de esta semana, los doctores que concurrieron a las últimas elecciones a la Presidencia del Colegio, Carlos Amaya, ex secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM); Guillermo Sierra, ex presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) y el doctor Manuel Cabeza reclamaron que se aclaren de inmediato las cuentas. También solicitaron la dimisión del director general de la Fundación del Colegio, Jesús Lago. Por extraño que pueda sonar, este médico, además del mencionado cargo, ocupa la gerencia del nuevo Hospital del Sureste de Arganda (Madrid) –un centro público– y además es socio de la clínica privada 3 de mayo. Dimisión inmediataTal y como demuestran los documentos a los que ha tenido acceso este semanario, el Colegio efectuó un pago de 2.300 euros a la mencionada clínica, cuyo objeto social es la prestación de servicios médico-quirúrgicos y la compra de inmuebles. Por si esto fuera poco, la mujer de Lago, Sara Vázquez, vocal de Médicos en Ejercicio Libre del Colegio, es administradora solidaria de la clínica. «Aun sin poner en duda la honorabilidad del Dr. Lago, la concurrencia de intereses que se reúnen entre los cargos que desempeña y sus vínculos conyugales hacen exigible su dimisión inmediata de todas sus responsabilidades relacionadas con el Colegio de Médicos de Madrid directa o indirectamente», manifiestan Amaya, Sierra y Cabeza.También exponen que, sorprendentemente, la Fundación del Colegio no ha dado ninguna justificación de sus gastos e ingresos.Otro de los capítulos «negros» de la institución que preside Juliana Fariña es el que atañe a los numerosos despidos, cuya improcedencia se dirime en los juzgados. El más sonado fue el de la secretaria general del Colegio, la radióloga Cristina Martínez, destituida por «falta de confianza» tras solicitar ésta una declaración de bienes por parte de los miembros de la Junta Directiva del Colegio y denunciar que la presidenta intentaba modificar los estatutos para hacerlos más presidencialistas. Martínez expresó en una carta remitida a este semanario que «llevo sufriendo coacciones e indefensión desde hace meses por hacer mi trabajo con rigor y escrupulosa legalidad». De la actitud de algunos miembros de la Directiva dice mucho el hecho de que Ricardo Rodríguez Cid, vocal de Médicos en Desempleo, haya sido sancionado por no presentarse a un aviso del Summa, servicio de Emergencias para el que trabaja como traumatólogo. Voces autorizadas del sector también han opinado ante lo que sucede en el órgano que les representa. Por ejemplo, Antonio Rivas, ex secretario del Sindicato de Médicos de Madrid, ha dicho que «se puede ser honesto, serio y honrado y no ofuscarse porque alguien pida una declaración de bienes dentro de una Junta Directiva que maneja grandes cantidades de dinero».Lo pagarán de su bolsilloPor su parte, Miguel Carrero, presidente de la mutua Previsión Sanitaria Nacional (PSN), ha manifestado por carta a Fariña –y a 100.000 mutualistas– que, tras la quiebra del régimen de previsión de médicos de Asistencia Médico-Farmacéutica y Accidentes de Trabajo (AMF-AT), de la que el Colegio responsabiliza a PSN, los que van a pagar son los colegiados. El doctor Carrero asegura que el informe en el que se basó el Colegio, «sólo puede obedecer a intereses muy espurios».