Un juez deja sin efecto los nombramientos de más de mil médicos de los nuevos hospitales de Madrid

Un juez de lo Contencioso-Administrativo ha dejado sin efecto los nombramientos de 1.091 médicos de los nuevos hospitales del Gobierno regional por no hacer pública la puntuación que obtuvo cada uno de los aspirantes. El fallo acuerda retrotraer el proceso de selección de personal al momento previo de dictar resolución definitiva por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad.
En una sentencia, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid estima un recurso interpuesto por la Asesoría Jurídica de la Federación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (FEMYTS) contra el proceso administrativo que adjudicó las plazas. Los 1.091 puestos afectados se distribuían en: 283 en el Hospital de Vallecas; 155 en el de Henares; 282 en el Hospital del Norte; 142 en el del Sur; 136 en el del Sureste; y 93 en el Hospital del Tajo.
Según FEMYTS, la Consejería que dirige Juan José Güemes adjudicó las plazas de médicos "sin hacer pública"la puntuación que habían obtenido cada uno de los aspirantes. El proceso selectivo se había convocado por resolución de 17 de septiembre de 2007, de la propia Consejería de Sanidad. Ahora, el juez ordena que la Dirección General de Recursos Humanos dicte "una nueva resolución de adjudicación en la que haga pública la puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes, de forma que si alguno se siente perjudicado, pueda plantear su reclamación correspondiente".

UN NUEVO PROCESO SELECTIVO

De este modo, acuerda retrotraer el proceso selectivo del personal médico de los hospitales de Vallecas, del Henares, del Norte, del Sur, del Sureste y del Tajo al momento previo de dictar resolución definitiva del mismo por parte de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad.
La asesoría recuerda que en los procesos selectivos de personal al servicio de las Administraciones Públicas deben concurrir "los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Al no haber hecho pública la Comunidad de Madrid las puntuaciones obtenidas, resulta "imposible comprobar si se han respetado dichos principios".
Según FEMYTS, el fallo resuelve "el problema de discrecionalidad en la adjudicación de plazas, que presuntamente pudo producirse, pero que no había posibilidad de demostrar sin conocer la puntuación asignada a cada aspirante".