Un nuevo sistema para dar licencias

Aproximadamente un año y medio después de que saliera a la luz el caso Guateque sobre corrupción en el Ayuntamiento de Madrid en la concesión de licencias urbanísticas, el Pleno Municipal ha aprobado la anunciada nueva ordenanza para regular este trámite. En la práctica, esta nueva regulación cede la gestión de las licencias a entidades privadas acreditadas, aunque mantiene la concesión como competencia de Urbanismo. Con todo, el nuevo Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades no anula completamente la actual ordenanza de 2004, puesto que esta seguirá aplicándose para las solicitudes de obras de uso residencial y otras especialmente excluidas. La norma aprobada ayer por el Pleno se limita exclusivamente a las licencias de actividad. Entidades privadas debidamente acreditadas por el Ayuntamiento –tras demostrar que cumplen requisitos de solvencia técnica y económica, independencia e imparcialidad– podrán tramitar las licencias de actividad a condición de a que asuman su responsabilidad en caso de que se incumplan las condiciones, suscriban una póliza de seguros al respecto y realicen un tratamiento específico de las reclamaciones de sus clientes. El Área de Urbanismo se ocupará de recibir las peticiones y la documentación y otorgar las licencias casi automáticamente si no hay ningún error. En lugar de hacer un control previo, los técnicos municipales supervisarán la actividad una vez concedida la licencia. De este modo, más de la mitad de los negocios podrán abrir con sólo una notificación. El proyecto de la nueva ordenanza, con la que se pretende dar salida a los cerca de 21.000 expedientes pendientes de tramitar, se presentó el pasado 17 de abril y es la última de toda una serie de medidas que se pusieron en marcha tras destaparse el caso Guateque y bloquearse la concesión de licencias desde el Consistorio madrileño. Antes se aprobó el refuerzo de personal dedicado a esta cuestión, la información a través del teléfono municipal y la web, y el establecimiento de un control del servicio a través de la Inspección General mediante la obligación de presentar una Memoria Anual de la actividad.