Europeos y británicos, en vilo hasta 2021

María Llorente, con pasaporte español, pero nacida en Venezuela (de padre asturiano y madre canaria) lleva viviendo en Reino Unido dos décadas. Está casada con un británico de origen indio, con el que tiene un hijo que nació 2009. «Esta es la sociedad multicultural que somos y la que queremos conservar», matiza. A pesar de tener su vida completamente hecha en la tierra de Shakespeare, si no regula su situación, tras el Brexit, quedará como inmigrante ilegal. Le ocurre lo mismo a Alexandra Bulat, de Rumanía. Lleva más de siete años residiendo en suelo británico. La respetada universidad de Cambridge le ofreció realizar un Máster en Sociología por su excelente currículum académico. Pero el Brexit también se cruzó en su camino. Cada historia de los aproximadamente 3,6 millones de comunitarios residentes en Reino Unido (entre ellos los más de 240.000 españoles) es distinta. Pero todas tienen ahora un punto en común: el país que se había convertido en su nuevo hogar sale ahora de la UE. El histórico divorcio se materializará a las 23:00 hora inglesa de hoy. Aunque desde el 1 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2020 tendrá lugar un periodo de transición en el que todo seguirá igual. Reino Unido continuará como miembro de la unión aduanera y el mercado único, con la libertad de movimiento que eso conlleva.

Desde que los británicos apostaron por salir del bloque, la situación en la que quedaban los comunitarios residentes en el país se convirtió en uno de los puntos más controvertidos de las negociaciones del divorcio entre Londres y Bruselas. La incertidumbre duró hasta el último momento. Literalmente. Pero gracias al Acuerdo de Retirada que el «premier» Boris Johnson cerró en octubre con los Veintisiete ahora tendrán garantizados sus derechos.

En cualquier caso, María Llorente –miembro de The 3 million, organización que vela por proteger a los ciudadanos de la UE– advierte que la situación «no es ni mucho menos perfecta». Entre otras cosas, porque aquellos que salgan del país por cinco años perderán todos los derechos. «El sistema que ha puesto en marcha el Gobierno para que regulemos nuestro estatus tiene mucho que mejorar. Además, sigue habiendo mucho desconocimiento. Hay muchos comunitarios que creen que ya se ha solucionado todo y no tienen que hacer nada, pero no es el caso porque pueden quedar como inmigrantes ilegales», matiza.

Los comunitarios que lleven viviendo en Reino Unido por cinco o más años deben solicitar ahora el llamado «Settle Scheme» (Estatus de asentamiento) para conservar sus derechos, como el acceso gratuito al Sistema Nacional de Salud Pública. Aquellos que lleven menos tiempo, tienen que solicitar el «pre-estatus» y esperar al lustro para finalizar los trámites. Al tratarse de un Brexit ordenado, se ha dado de plazo para realizar la solicitud hasta el 30 de junio de 2021. Alrededor de 900.000 comunitarios residentes aún no han hecho la solicitud.

El Gobierno defiende que es un trámite «on line», muy sencillo, que apenas lleva unos minutos. En definitiva, nada que ver con el tortuoso documento de 85 páginas que existía al principio. Pero Alexandra Bulat, de Rumanía, estudiante de Cambridge, señala que «no es tan fácil como parece». «Me decían que no encontraban mis datos, por lo que tuve que presentar cinco pruebas de residencia, una por cada año de los que te requieren para tener el estatus definitivo», recalca. «Si cambias de dirección, renuevas el pasaporte o tienes cualquier cambio en tus datos personales, debes informar también de todo por lo que la pesadilla con la administración no termina nunca», añade.

Por su parte, Luke Piper, abogado de «The 3 million», destaca que la máxima preocupación es que no se trata de un sistema de «registro» sino de «solicitud». «Los derechos de los comunitarios deberían quedar protegidos de manera automática, no sujetos a ninguna petición que puede aceptar o denegar un Gobierno. Esto es sumamente importante», advierte. «Tampoco debería haber una fecha límite para realizar el trámite», apunta.

Asimismo, otra de las demandas de la organización es que aquellos que regulen su situación obtengan una prueba física para poder demostrarlo y no un simple «email», como el que reciben ahora por parte de las autoridades. El Parlamento Europeo ya ha advertido que esto podría generar problemas de «discriminación» a la hora de buscar, por ejemplo, trabajo o vivienda de alquiler. Desde el Ministerio de Interior defienden, en cualquier caso, que el sistema actual funciona. «Vivimos en la era digital y tal y como está planteado es mejor porque se reemplazan documentos físicos que pueden perderse, ser robados, dañados, manipulados o quedar caducados», matiza un portavoz. La Universidad de Northumbria (Newcastle) ha realizado un estudio sobre la «experiencia» e «impacto» que están teniendo los ciudadanos del bloque a la hora regularizar su situación. «Entrevistamos a alrededor de 3.171 personas, la gran mayoría (89%) llevaban viviendo en el Reino Unido cinco o más años. Hasta el 11% dijo que ya le habían pedido una prueba física de su estatus», señala la profesora Tanja Bueltmann, responsable de la investigación. «La mayoría se siente ahora enfadados, inquietos y rechazados. Y muchos de ellos también humillados», recalca la académica.

«Soy alemana y estoy casada con un británico. Tenemos un hijo en común. He vivido y trabajado en el Reino Unido por más de 36 años, ayudando a pagar mi vivienda. La idea de que ahora tenga que solicitar permiso al Gobierno para vivir en MI casa con MI familia es algo que aún no he digerido», señala una de las entrevistadas. Por su parte, otra explica que no ha podido «manejar el estrés» que le crea realizar los trámites por lo que le han aconsejado que «priorice otros problemas», ya que le estaba afectando a su salud.