Amnistía Internacional, alerta del deterioro de los derechos humanos en Venezuela

Amnistía Internacional (AI) advierte en un informe difundido sobre Venezuela de que el país "corre el riesgo de descender en una espiral de violencia a menos que todas las fuerzas políticas, Gobierno y oposición, se comprometan a respetar los derechos humanos y el estado de derecho".

Amnistía Internacional (AI) advierte en un informe difundido hoy sobre Venezuela de que el país "corre el riesgo de descender en una espiral de violencia a menos que todas las fuerzas políticas, Gobierno y oposición, se comprometan a respetar los derechos humanos y el estado de derecho". La ONG ha documentado durante un mes de trabajo de campo en Venezuela asesinatos, torturas, detenciones indiscriminadas y allanamiento de morada tras las protestas estudiantiles que comenzaron el pasado 12 de febrero. Según el recuento de AI, el saldo ha dejado 37 muertos y más de 550 heridos, además de 2.100 detenidos, si bien la mayoría han sido puestos en libertad con cargos. Actualmente 168 personas continúan bajo arresto.

Tras hablar con víctimas de la represión y con sus familiares, además de con abogados y ONG venezolanas, esta organización asegura que ha recibido "decenas de denuncias"sobre torturas y abusos, en muchos casos obra de las Fuerzas de Seguridad estatales, de grupos violentos pro gubernamentales, de manifestantes y de "individuos no identificados". Según la investigadora de esta ONG en Venezuela, Nuria García, "no se ha podido documentar la actuación de grupos armados en la oposición", si bien admite que "hay casos de violencia"vinculados a los manifestantes que actúan contra el presidente Nicolás Maduro.

Durante la elaboración del documento, presentado hoy en Madrid en rueda de prensa, quedó claro "la dificultad de identificar responsabilidades en un contexto de polarización política y social". Esteban Beltrán, director de AI en España, ve lejos un escenario de guerra civil, pero no duda en calificar este "ataque a los derechos humanos"como el más "grave"desde 2002, cuando Hugo Chávez sufrió un golpe de Estado.

Grupos violentos

El Ministerio Fiscal ha abierto investigación en 82 casos por violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional asegura que 17 miembros de las fuerzas del orden público han sido detenidos y otros 25 han sido procesados, pero añade que no se ha abierto ninguna investigación contra los grupos armados ligados al chavismo, entre los que destacan los tupamaros o los colectivos del 23 de Enero. Beltrán definió de "contradictorios"los mensajes de altos cargos del Gobierno que llamaron a la calma a los grupos violentos aunque al mismo tiempo se les ha permitido seguir actuando con impunidad.

Entre los testimonios aportados por Amnistía Internacional está el del estudiante Daniel Quintero, de 21 años, víctima de torturas y malos tratos: "En el calabozo me esposaron la mano izquierda a nivel de mis pies a la pared y me dijeron que no podía dormir. En esa posición, como doblado, tenía que quedarme toda la noche, sino me entraban a palazos". Juan Manuel Carrasco, también de 21 años, fue detenido por la Guardia Nacional en la ciudad de Valencia: "Nos pusieron en posición fetal, arrodillados y nos golpearon. Salió un guardia y dijo que ni aunque rezáramos al maldito Dios nos iba a salvar, que ese era nuestro último día. A mí me dejaron en boxers y me metieron algo por detrás. Y nos seguían golpeando hasta el cansancio".

Acoso a la libertad de expresión

Además de los asesinatos y las torturas, AI denuncia el acoso a la libertad de expresión mediante la detención temporal de periodistas y las advertencias de Conatel (la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones) con sanciones a los medios que "alteren el orden público". Amnistía Internacional también denuncia que se detuvo a personas que se encontraban alejadas de los puntos de protesta y que a algunos de los detenidos se les privó de un abogado durante las 48 previas a su presentación ante un juez. En este sentido, lamenta que miembros del Gobierno haya declarado culpables a los detenidos antes del juicio.

Los responsables de la ONG se reunieron para la elaboración del informe con la Fiscal General de la Nación y con la Defensora del Pueblo, y ambas constataron la existencia de "graves denuncias de violaciones a los derechos humanos". El documento pone de manifiesto que las medidas del Gobierno venezolano de los últimos años para reforzar derechos sociales (educación, sanidad) están siendo cuestionadas por la alta inflación y la escasez de productos básicos.

Recomendaciones

En las conclusiones, AI pide tanto al Gobierno como a los partidos de la oposición que se comprometan al respeto a los derechos humanos y el estado de derecho y les pide que envíen una "señal clara y contundente a sus simpatizantes a abstenerse de cometer violaciones a los derechos humanos". También exige a las autoridades venezolanas una investigación exhaustiva e independiente de todas las denuncias de violaciones y abusos a los derechos humanos y que se garantice a los detenidos "todas las garantías internacionales relativas a la celebración de juicios justos". En su lista de recomendaciones propone la creación de un plan nacional de derechos humanos fruto de un diálogo nacional, que incluya el fortalecimiento del sistema judicial para que se actúe con imparcialidad e independencia, y anima a que siga el control de armas entre la población civil. Por último, insta a la comunidad internacional (la OEA, Unasur) a fomentar "soluciones respetuosas de los derechos humanos y promover el diálogo".