Cabello acorrala a la Prensa crítica

Un tribunal de Caracas ordena la detención de directivos de tres medios de comunicación por reproducir informaciones que vinculan al «número dos» del chavismo con el narcotráfico.

Un tribunal de primera instancia de Caracas ha ordenado la búsqueda de los directivos de tres medios de comunicación venezolanos que se hicieron eco de una información publicada por «Abc» y después por «The Wall Street Journal» en la que se vinculaba al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, «número dos» del chavismo, con una trama de narcotráfico dentro de Venezuela. El propio Cabello anunció en agosto una demanda civil por difamación contra los accionistas, editores y miembros del consejo editorial de «La Patilla», «El Nacional» y «Tal Cual». Tres semanas después, un juez emitió una prohibición de salir del país a los directores de estos medios junto a otros 19 directivos, y ahora se ha enviado una orden al Sistema Integrado de Información Policial (Sipol) para que se capture a los demandados. Algunos de ellos están en el extranjero desde hace tiempo, como es el caso del editor del periódico «El Nacional», Miguel Henrique Otero, o el miembro del consejo editorial de dicho periódico, Leopoldo López, padre del opositor político del mismo nombre condenado a casi 14 años de cárcel por instigar a la violencia. Otro de los demandados es el veterano político y periodista Teodoro Petkoff, director del digital «Tal Cual», sobre el que pesa actualmente una medida de prisión domiciliaria.

Esta decisión ha merecido el repudio de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que ayer cerró su asamblea general en Carolina del Sur, donde más de 300 periodistas, directivos y expertos en comunicación examinaron la situación de la libertad de prensa en la región. Venezuela se llevó una reprimenda en el informe anual que publica este organismo por varios motivos. Uno de ellos se refiere «al comportamiento antidemocrático de los poderes públicos contra la prensa independiente». También critica «el totalitarismo comunicacional de Estado» y la «tiranía ejercida y compartida por el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello».

En este sentido, el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró ayer a LA RAZÓN que las órdenes de búsqueda contra estos directivos «es el resultado que representa vivir en un país donde hay serias restricciones a la libertad de expresión y donde en la práctica los medios deben autocensurarse». Para Vivanco, esta decisión «es un flagrante atropello y una arbitrariedad de un régimen que actúa en términos autoritarios». A su juicio, en Venezuela «no hay instituciones democráticas capaces de frenar abusos ni de sancionarlos» y donde se ha producido una concentración de poderes que ha debilitado la democracia.